domingo, 10 de septiembre de 2017

El apetito de los gamonales con la circunscripción especial del Bajo Cauca


Por: Eli_Inspector [Tomado de Análisis Urbano]
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre el Gobierno y las Farc, rechazado por los promotores del No el 2 de octubre de 2016, y renegociado y firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón, en Bogotá, dejó consignada la participación política de los territorios en donde ha habido presencia histórica del conflicto armado, por lo que en el Punto 2: ‘Participación política’, en el aparte 2.3.6., se concertaron las circunscripciones especiales de paz: “(…) con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”.

Los territorios afectados por el conflicto, a lo largo y ancho del país, fueron agrupados en dieciséis (16) circunscripciones especiales, dos (2) de ellas en Antioquia: Bajo Cauca y Urabá. Lo particular de estas dos circunscripciones es que se ubican en subregiones en donde el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC), y luego las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como su proyecto de refundación de la patria, a través de las fichas políticas en el Congreso de la República, en lo que se conoció como la ‘parapolítica’, y ahora son dominadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, quienes dominan el territorio, controlan el negocio del narcotráfico y las rentas ilegales, y dirigen las rutas de embarque.

La circunscripción del Bajo Cauca (C-3) está integrada por trece (13) municipios: Cáceres, Caucasia (zona rural), El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Anorí, Amalfi, Briceño, Ituango y Valdivia. En todos ellos ha habido presencia de paramilitares, se han cometido masacres y fueron corredores de los frentes de las Farc hoy concentrados en las zonas veredales y desarmados.
  
¿Qué es lo que preocupa en dicha circunscripción especial? Desde hace un par de meses políticas de la región del Bajo Cauca, muchos de ellos exalcaldes vinculados con la criminalidad, exconvictos o con cuentas pendientes por la parapolítica, luego de haber sido alfiles o testaferros de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, están haciendo cálculos políticas, buscando cómo apoderarse de dicha curul y cómo acceder a que uno de sus pupilos logre la candidatura por la circunscripción.

El exalcalde y exconvicto Miguel Ángel Gómez García, el poder detrás de la alcaldía de Tarazá, en donde logró poner a Gladis Rebeca Miguel Vides, avalada por el Partido Liberal, es uno de los parapolíticos que ven en la circunscripción una forma de reencaucharse, pese a que hace parte del equipo del congresista Julián Bedoya Pulgarín, quien aspirará al Senado.

En Cáceres el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez, señalado de ser uno de los testaferros de Cuco Vanoy, exjefe del Bloque Mineros, también se suma al proyecto de las circunscripciones, viendo como ficha clave para su propósito a un excandidato a la alcaldía que ha estado vinculado con organizaciones comunales y campesinas. Una fuente consultada, que pidió se reservara su nombre, dijo que el exalcalde está empecinado en sacar un candidato por el Bajo Cauca y, de ser posible, de Cáceres.

En Caucasia tres exalcaldes con vínculos con parapolítica: José Nadín Arabia Abissad, Juan Carlos Garcés Estrada y Jorge Iván Valencia Rivera, están jugados por buscar apoderarse de la circunscripción especial. A ellos se suma el excandidato a la alcaldía de Caucasia José Dairo Bedoya Hincapié, fiel seguidor del congresista Julián Bedoya, que ante la imposibilidad de aspirar en las elecciones de 2015 puso a su esposa: Neri Montiel de Bedoya. Si Bedoya Hincapié no puede aspirar a dicha circunscripción ha manifestado que apoyará a otro candidato. Una mala noticia: la zona urbana de Caucasia no está dentro de la jurisdicción de la circunscripción especial. El excandidato Leovigildo Madera, cercano a Juan Carlos Garcés, también está dentro de la lista.

¿Y las subregiones de Nordeste: Segovia, Remedios, Anorí y Amalfi, en donde el oro y el narcotráfico son fortín de la criminalidad, y el Norte: Ituango, Briceño e Ituango, en donde las Farc fueron la autoridad, qué opinan de las circunscripciones?

La Asociación Campesina de Ituango (ASCIT) ve la circunscripción especial como un proyecto difuso, en donde los políticos del Bajo Cauca han ido tomando ventaja, porque la idiosincrasia entre las dos subregiones es muy diferente, aunque el conflicto y la economía ha sido la misma: Clan del Golfo (antes Frente 18 de las Farc) y cultivos de coca.

Dentro de la circunscripción especial de paz del Bajo Cauca están asentadas tres (3) Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN): en Ituango, vereda Santa Lucía; Anorí, vereda La Plancha; y Remedios, vereda Carrizales. Anorí y Remedios hacen parte del Nordeste, por lo que podría tener mayor protagonismo en las elecciones parlamentarias.

En el Bajo Cauca no fue ubicada ninguna ZVTN por el dominio territorial de las Autodefensas Gaitanistas y el conflicto azuzado por el narcotráfico que se conecta con la subregión de Urabá, en donde está ubicada la circunscripción de C-16.

El Ministerio del Interior ya tiene formulado el texto del proyecto de Acto Legislativo que radicará el 20 de julio ante el Congreso de la República, que deberá ser tramitado dentro del fast track con mensaje de urgencia y pueda ser aplicado en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018. El proyecto comprende dos periodos legislativos: 2018-2022 y 2022-2016, y tiene los siguientes requisitos para ser postulado: “Los candidatos sólo pueden ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos…”. Lo novedoso y a la vez atractivo para los gamonales es que contarán con financiación especial por parte del Estado, lo que no acarrearía gastos a quienes están acostumbrados a gastar millones de pesos en compra de votos, tamales y tejas. [Ver borrador Acto Legislativo_circunscripciones]

Otro barrera que se la atraviesa a estos politiqueros del Bajo Cauca es que se le exige a aspirantes que sean “habitantes regulares de la circunscripción o desplazados de estos territorios en proceso de retorno”, por lo que quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular en otras elecciones y no acrediten dichos requisitos quedarán excluidos.


El Acuerdo Final está actualmente en la etapa de implementación por parte del Gobierno, que ha sido tibio y lento en el cumplimiento de lo pactado con las Farc, a quienes no les han cumplido con la amnistía total. Ojalá que con las circunscripciones especiales sí haya una participación real de los excluidos, y no el regreso reencauchado de los voceros de la criminalidad al Congreso de la República. 

Cáceres | Municipio de Cáceres compró a testaferro un lote que supera 400 veces el valor de la hectárea


Por: Eli_Inspector [Tomado de analisisurbano.org]
El exalcalde de Cáceres en el periodo 2001-2003, Hugo de Jesús Barrera Gómez, investigado por la Fiscalía General de la Nación, por compulsa de copias de la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín, por su presunta relación con el jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, a quien le sirvió de testaferro, estando a su nombre 19 fincas, una mina, un lote y un apartamento, los cuales fueron incautados y se encuentran en extinción de dominio para la reparar a las víctimas.

Su condición de ganadero y negociante le sirvió al exalcalde Barrera Gómez para que en el año 2005 varios socios de la hacienda Candilejas, localizada en Cáceres, le vendieron un lote de 415 hectáreas por un valor de quince millones de pesos ($15.000.000).

Una década después, en 2015, vendería a precio de usura 59 hectáreas al municipio de Cáceres, compradas por el alcalde Ubaldo de Jesús Pacheco Julio, por mil cinco millones sesenta y cinco mil pesos ($1.005.065.000), a razón de diecisiete millones treinta y cinco mil pesos ($17.035.000) hectárea, cuando Barrera Gómez había comprado a treinta y seis mil ciento cuarenta y cuatro millones ($36.144).

La hectárea comprada por Barrera Gómez en 2005 supera en el precio en razón de 471 veces el valor de la hectárea, como si un una década hubiera aumentado de manera tan exagerada el valor de la hectárea en una zona de conflicto como es el Bajo Cauca.

Este negocio que debe ser revisado por los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Antioquia, además de ser objeto de investigación penal por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación.

En la Notaría Cuarta del Círculo de Medellín el 30 de noviembre de 2005 se dieron cita el comprador Hugo de Jesús Barrera Gómez, y los vendedores Germán Darío Solórzano Peláez, Néstor de Jesús Giraldo Ossa, Guillermo León Molina Molina, Raúl Eduardo Molina Osorio, Rubén Darío Arango Montoya, Gonzalo Ramírez Hoyos, Luis Bernardo Peláez y Heinz Simson Liefmann, representante legal de la sociedad Simson B. R. O. Ltda. [Ver Escritura 5063 de 2005]

El exalcalde de Cáceres Hugo de Jesús Barrera, señalado de haber sido testaferro del jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, por lo cual está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, además de encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado por parte de la Procuraduría General, por 5 años [desde el 1/06/2016 hasta el 31/05/2021], celebró en el año 2015 un contrato de compraventa de un lote con la Alcaldía de Cáceres, a través del alcalde Ubaldo Enrique Pacheco Julio.


Ubaldo Enrique Pacheco Julio fue elegido alcalde de Cáceres en elecciones atípicas celebradas el 11 de marzo de 2012, luego de la destitución e inhabilidad por 11 años de su hermano Benito Pacheco Julio por parte de la Procuraduría el 29 de diciembre de 2011, 3 días antes de posesionarse [1/ene/2012]. [Ver fallo Procuraduría]

El último año de gobierno el alcalde Ubaldo Enrique, quien gobernó en su cuatrienio con el eslogan “De la mano con mi hermano”, tomó la decisión de comprar un lote con el siguiente objeto: “será destinado única y exclusivamente para la conservación y protección de la microcuenca que surte el acueducto de la cabecera municipal de Cáceres”.

Lo particular del contrato de compraventa es el valor del predio: mil cinco millones sesenta y cinco mil pesos ($1.005.065.000), como consta en la Escritura Pública 115 del 22 de abril de 2015 y de la cual dio fe el Notario Único del Círculo de Cáceres, Álvaro Rafael Parra Colón. [Ver Escritura Pública 115 de 2015]

Otra curiosidad del contrato de compraventa entre el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez y el alcalde Ubaldo Enrique Pacheco, es que el dinero con el cual fue comprado el lote fue un empréstito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, conocido como el banco de los municipios pobres, como consta en el Acuerdo Municipal N° 006 del 4 de agosto de 2014: “Por medio del cual se autoriza la contratación de un empréstito”, aprobado por el Concejo de Cáceres.

El lote de terreno vendido al municipio de Cáceres tiene un área de 59 hectáreas y hace parte del inmueble denominado hacienda Candilejas, el cual tiene una cabida de 415 hectáreas, por lo que en manos del exalcalde Barrera Gómez aún quedan 456 hectáreas que podrá vender a un muy buen precio, teniendo en cuenta que se le encareció la tierra con el negocio con el municipio de Cáceres.

Cáceres es uno de los municipios de la subregión del Bajo Cauca más pobres y con mayores necesidades básicas insatisfechas de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación –DNP- con un 89% de su población en condiciones de pobreza y en el 2015 tuvo una cifra de 10.645 personas víctimas de desplazamiento forzado. En cuanto al cumplimiento en el componente de agua y saneamiento básico se encuentra descertificado, por lo que el agua no es potable ni apta para el consumo humano. [Ver ficha DNP_2015]

La Contraloría General de la República a través del Contralor Delegado para las Finanzas Públicas certifica que en el año 2016 el municipio de Cáceres superó en un 78,39% los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, siento la cifra total de recaudo de tres mil trescientos veintiochos millones setecientos treinta y dos mil ($3.328.732.000). [Ver Certificado Ley 617_vigencia 2016]


El recaudo en el año 2016 fue de $3.328 millones, mientras el negocio entre el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez y el alcalde Ubaldo Pacheco Julio por $1.025 millones. ¿Y dónde están las autoridades?

lunes, 5 de junio de 2017

Cáceres | Guarumo, capital del crimen en el Bajo Cauca


La Verdad del pueblo [prensa32@hotmail.com]
El corregimiento de Guarumo, en el municipio de Cáceres, dista a diez minutos de Caucasia. Es el lugar donde se refugian los bandidos que van a delinquir en Caucasia y otros sectores del Bajo cauca. Guarumo lo podemos llamar como el lugar donde los criminales tienen vivienda y centro de operaciones, estando a cinco minutos de Piamonte.

Parte de esa población, con contadas excepciones, ha sido cómplice de las Bacrim, debido a que han permitido que sean ellos quienes impongan la autoridad, en un pueblo de más o menos de cinco mil habitantes, que desde hace muchos años ha visto dominado su territorio, estando cerca del lugar de operación, sirviendo como oficina para citar las víctimas de la extorsión.

Guarumo no tiene estación de Policía. Esporádicamente se ve la presencia de la Policía o del Ejército, dando ronda solamente de paso, lo que ha llevado a que la comunidad, estando desamparada por el Estado, acuda a quienes dan las órdenes y a los jefes de las Bandas Criminales. Así Guarumo tiene autoridad entre la comunidad.   

De Guarumo salen los sicarios para asesinar en Caucasia; desde Guarumo sale la droga que se vende en Caucasia y en otros lugares; en Guarumo está uno de los sitios de “pique”; en Guarumo se planean muchos delito en contra la comunidad. Lo más raro de todo es que ése lugar le ha quedado grande al Gobierno para intervenirlo, y al menos garantizar la presencia de la Policía por un año, y así empiecen a resocializar parte de esa comunidad que ha estado bajo el mando de las Bacrim.  

La mayoría de los bandidos viven en Guarumo o tienen a sus familiares. En Piamonte se encuentra refugiada la cúpula y el mando mayor de todos ellos, siendo el lugar de operaciones desde que existía el Bloque Central Bolívar de las AUC, al mando de Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”.

Hoy en el corregimiento de Guarumo como el de Piamonte, están los principales cabecillas dando órdenes, reuniéndose para dar consignas a los bandidos de cualquier novedad que se tenga que realizar, así como también definir las extorciones, uno de los flagelos más grande que ha tenido que soportar el Bajo Cauca, sin importar para los bandidos la comunidad de esa región que está en el medio de un conflicto, que no es de ellos.

Hoy Guarumo pide a gritos la presencia del Estado y de su Fuerza Pública, para poder darle otra vida a la comunidad que se encuentra intimidada por los bandidos, herencia que les dejó las AUC.

Ahora predomina el Clan del Golfo, que cada día coge más fuerza, por estar en un lugar estratégico para los delincuentes, que son la plaga más grande de los últimos veinte años.

Lo que es Guarumo, la Isla de la Amargura, La Platanera y Piamonte, son lugares claves y poderosos para ellos. ¿Hasta cuándo?

Caucasia | La extorsión y la vacuna: delitos sin freno en Caucasia. ¿Cuánto pagan los comerciantes al Clan?


Leiderman Ortiz Berrio [prensa32@hotmail.com]
La extorsión y la vacuna son un delito sin freno, por lo tanto todo aquel comerciante, que paga vacuna, está contribuyendo a la compra de armamento y apoyando la criminalidad en el Bajo Cauca, en especial Caucasia. Cada homicidio que sucede en cualquier lugar de este municipio, es con armamento comprado por las vacunas que reciben las Bacrim pagadas por el comercio.

Sin embargo, en un municipio de Antioquia, donde los comerciantes, cansados de pagar vacuna, aún temiendo denunciar, se reunieron y tomaron la decisión de denunciar a los bandidos en bloque. Ésta decisión de los comerciantes, apoyada por las autoridades policivas para acabar con ese flagelo, que tanto los mortifica, cumplió con el objetivo de acabar con la extorsión.

Dice un comerciante: “si nos van a matar, tendrán que asesinarnos a las 50 personas que denunciamos, y ahí sí a estos bandidos se les complica más su situación”. Ésta decisión fue contundente para las víctimas, para la tranquilidad de todos. Con esta decisión los comerciantes dieron ejemplo de cómo acabar con el pago mensual de las vacunas extorsivas. 

La anterior historia es la que Caucasia debe tomar como ejemplo y acabar de una con esa presión, que cada día se les está creciendo a los ciudadanos y comerciantes. Si no se toma la decisión entre todos, el Gobierno tendrá que tomar decisiones drásticas en contra de ellos, por ser financiadores de las Bandas Criminales, imputándoles el delito de financiación y colaboración a grupos al margen de la ley; o también, una omisión de denuncia, tipificada en el Código Penal.

Ya es hora que todos se unan y denuncien en bloque a las Bandas Criminales. Los bandidos están totalmente ubicados e identificados por La verdad del pueblo, medio que ha venido trabajando en investigaciones periodísticas para que las autoridades estén atentas para capturarlos. Así, el Bajo Cauca podrá respirar un poco de esa cruel plaga de criminales que existe en el territorio. 

A La verdad del pueblo no le ha sido difícil infiltrarse en la organización criminal, por lo que cada denuncia de este medio tiene la información veraz y contundente, por el trabajo tan legítimo que realizamos para descubrir la verdad de esos bandidos, que cada día están más acorralados por las autoridades. Muy pronto habrá un “golpe grande” del que no quedarán ni las plumas de las gallinas.

Este medio ha tenido acceso a las listas de los comerciantes y ganaderos que pagan vacuna a la organización criminal que opera en el Bajo Cauca. En una investigación con algunos comerciantes se verificó, que las vacunas que ellos pagan, es positivo y es el aporte mensual a las Bandas Criminales.   

Estos son algunos comerciantes, empresas y ganaderos que aparecen en la lista y que pagan vacuna a las Bandas Criminales:


Todo el comercio de Caucasia está vacunado para garantizarles la seguridad. ¿Dónde están las autoridades? El comercio y los empresarios le pagan mensualmente a la delincuencia $27.500.000.

Todo el mundo se pregunta: ¿quién cobra las extorsiones? La verdad del pueblo tuvo acceso al retrato del Jefe de Finanzas del Clan del Golfo en Caucasia, quien controla las vacunas de la organización. Alias “Alonso” y su mano derecha alias “Faber” están al frente de las finanzas de la organización y del cobro de las extorsiones.



Alias “Alonso” es un sinvergüenza que muy pronto caerá en manos de las autoridades, ya que es dueño de un paga-diario, en la cual está involucrada parte de su familia.  Además, es propietario de una cantina en la Calle 10 con la carrera 14, en el barrio Pueblo Nuevo.

El reconocido criminal alias “Alonso”, quien desde hace años delinque con las bandas criminales, ha sido muy bien identificado por éste medio de comunicación: dónde vive, sus movimientos, quién es su familia, sus vehículos, sus negocios y en dónde se puede esconder, en caso de huir al ser capturado. Ojala que su abogado-tinterillo Urrutia lo pueda defender.

La verdad del pueblo denuncia ante la comunidad a estos bandidos y pide la intervención inmediata de las autoridades. Todo está consumado: al parecer, alias “Alonso” y sus secuaces se van a podrir en la cárcel. Como dice un dicho: “muy cierto gallina en casa no se coge corriendo”.

En el paga-diario, que sirve para lavar el dinero de las vacunas y como fachadas de la criminalidad, al mando de alias “Alonso”, trabajan alias “Faber”, alias “La Flaca”, “La Negra” y su yerno. ¿No es esto una empresa criminal que opera en Caucasia? Las finanzas de ellos sirven para incrementar logisticamente la nómina de los delincuentes y la compra de armas para sostener este grupo a margen de la ley.

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Espere en la próxima edición de La verdad del pueblo la otra lista de comerciantes y ganaderos de Caucasia que pagan vacuna a la organización del Clan del Golfo.

lunes, 8 de mayo de 2017

Bajo Cauca | Los “negocios” de la Procuraduría Provincial de Yarumal


Leiderman Ortiz & Sergio Mesa


Luego de 3 años en el cargo como Procurador Provincial de Yarumal no se ha proferido un fallo de destitución ni inhabilidad contra un alcalde del Bajo Cauca. El actual procurador Juan Manuel Montoya Carvajal, nombrado inicialmente como Procurador Judicial, por influencia de la casa política Suárez Mira, de Bello, fue nombrado como Provincial en propiedad ante el traslado de Leonardo Javier Pico Ortiz, un santandereano que reemplazó a la corrupta procuradora Nora de las Misericordias Medina Jaramillo, del grupo político de “Los Colantos”.

Desde la gestión de la procuradora Medina Jaramillo han venido apareciendo pruebas que relacionan a la Procuraduría Provincial de Yarumal como una entidad corrupta, en donde se venden la investigaciones disciplinarias de acuerdo al postor. Se tienen de diversas clases: “archivo”, dilación de la “investigación” o simplemente no se apertura “indagación preliminar”, todo dentro de la aplicación del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002).

La procuradora Medina Jaramillo, por ejemplo, fue la protectora del alcalde de El Bagre, Harold Alonso Echeverri Avendaño, a quien en varias ocasiones le envió desde su correo institucional hojas de vida de amigos suyos con el fin de que fueran contratados. En un correo del 1/02/2013 a las 15.43 ella le dice: “Buenos días Alcalde, le envío la hoja de vida de un tecnólogo agropecuario, tiene buena experiencia, laboró en la Umata de Santa Rosa de Osos, hizo buen trabajo en comunidades, a la vez es conductor. Agradezco lo que pueda colaborarnos, Nora”.


Y en otro correo del 7/02/2013 a las 11.13 a.m. le pide otro favor: “Buenas tardes, agradezco por lo que pueda hacer por este señor, es técnico agropecuario, experto en medio ambiente y aguas. Gracias”.


Al revisar en la página web de la Procuraduría nos encontramos que el exalcalde Echeverri tiene pendientes 16 investigaciones disciplinarias, algunas de ellas archivadas por la procuradora Medina Jaramillo. “Yo te investigo y vos me ayudás con puestos”.

El procurador Juan Manuel Montoya Carvajal ha sido mucho más astuto. Como él tiene la facultad de disciplinar a todos los alcaldes y funcionarios públicos de las subregiones de Bajo Cauca, Norte y algunos del Nordeste, es decir, 24 municipios, puede darse el lujo de montar su propio negocio de fallos, pudiendo decidir, no la suerte de los municipios, sino de los alcaldes y funcionarios, quienes ceden a sus peticiones. ¿Y cómo se arregla la investigación? Con plata.

En días recientes una fuente nos suministró una información relacionada con una conversación entre el actual Secretario de Gobierno de Caucasia, Gonzalo Emilio Correa Molina, con el procurador provincial Juan Manuel Montoya, quien llamó al primero para solicitarle no se le olvidara “el pago”. ¿De qué pago estamos hablando?

Gonzalo Emilio Correa Molina se encuentra “implicado” dentro de una investigación disciplinaria realizada por Marbel Cristina Monroy Cardona, quien actúa como “quejosa”. El asunto de la queja es el siguiente: “queja disciplinaria contra el sr Gonzalo Emilio Correa Molina director control disciplinario del municipio de Caucasia, por considerar que ha venido siendo víctima de persecución y abuso de poder, dentro de la investigacion en su contra por queja de la sra Claudia Patricia Mejía, por supuesta agresión verbal”.

El número del radicado del proceso es 2016-194217, número del caso: D-2016-907-864637, y se encuentra en Etapa Probatoria Indagación Preliminar”.


¿Es cierto que el procurador Juan Manuel Montoya Carvajal llama a los disciplinados para pedirles dinero y organizarles el proceso? Esperamos una investigación exhaustiva al respecto.

¿Por qué absolvieron al alcalde de Nechí?
Otro caso que conoció la unidad investigativa de La verdad del pueblo se refiere al exalcalde de Nechí Eduardo Cabrera Urbiña, quien tiene en curso las investigaciones disciplinarias. Una de ellas fue fallada en primera instancia con “fallo sancionatorio”.

El proceso en el que se encuentra involucrado el exalcalde Cabrera Urbiña tiene número de radicación 2013-244475 y el número del caso: D-2014-907-686690. El asunto de la queja: “solicitud de investigacion disciplinaria por pronunciamiento de legalidad desfavorable frente al decreto número 0022 del 29 de enero de 2012 que declara una urgencia manifiesta expedida por Eduardo Enrique Cabrera alcalde del municipio de Nechí Antioquia”, radicada por la Contraloría General de Antioquia.

En primera instancia la Procuraduría Provincial de Yarumal falló el 5 de mayo de 2014 con “fallo sancionatorio” y la Procuraduría Regional de Antioquia en auto del 7 de enero de 2015 determinó “fallo absolutorio”.


La persona que sirvió de ficha clave para hacer el “torcido” fue Juan David Chancí Rada, persona de confianza del exalcalde Eduardo Cabrera Urbiña. De acuerdo a una fuente él fue el encargado de hacerle llegar el dinero, “aproximadamente $7 millones de pesos”, para cuadrar el asunto de la Procuraduría. ¿Sobre quién recaía esa decisión? Respuesta: procurador Juan Manuel Montoya Carvajal.

Curiosamente el Secretario de la Procuraduría Provincial de Yarumal es Sigifredo Hoyos Jiménez, quien es de Nechí, en donde uno de sus hijos fue contratista de la ESE Hospital La Misericordia, en donde era gerente Félix Neftelio Santos Pestaña, disciplinado en doce (12) procesos.



En este cuadro se pueden ver el número de investigaciones disciplinarias que cursan contra los exalcaldes del Bajo Cauca:

Municipio
Cargo
Nombre
Procesos
Cáceres
Exalcalde
Ubaldo Pacheco Julio
20
Zaragoza
Exalcalde
Camilo Mena Serna
20
Valdivia
Exalcalde
Francisco Javier Cárdenas
18
Nechí
Alcalde
Miguel Enrique Franco
18
Nechí
Exalcalde
Eduardo Cabrera Urbiña
17
El Bagre
Exalcalde
Harold Echeverri Avendaño
16
Caucasia
Exalcalde
José Nadín Arabia
5
Yarumal
Alcalde
Julio Aníbal Areiza Palacio
5
Zaragoza
Alcalde
Albeiro Menoyos Álvarez
1

¿No es un escándalo que un alcalde con 18 investigaciones disciplinarias, como el alcalde de Nechí Franco Menco, esté gobernando? Y no ha pasado nada. O los exalcalde de Cáceres, Valdivia y Nechí, que hacen récord en investigaciones en la Procuraduría. Es una vergüenza el control disciplinario.

Doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación recién electo: le solicito formalmente sea investigado y, de manera inmediata al conocimiento de esta investigación, trasladado el abogado Juan Manuel Montoya Carvajal, para que la Provincial de Yarumal vuelva a tener la credibilidad como ente de control.

Nota: el abogado Montoya Carvajal fue declarado insubsistente hace menos de 20 días.

jueves, 16 de marzo de 2017

Nechí | Exalcalde Cabrera Urbiña, en la cárcel e inhabilitado por 10 años

Foto: CTI

El exalcalde de Nechí del periodo 2012-2015, Eduardo Cabrera Urbiña, además de haber sido capturado por el delito de peculado por apropiación, por haber tomado $250 millones de pesos de las regalías del municipio para pagar una deuda personal, deberá cumplir la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que lo destituyó del cargo y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.

Este es el comunicado publicado en la página web de la Procuraduría:

Boletín 150
Fuente: PGN
Fecha Publicación: miércoles, 8 de marzo 2017 01:25 PM

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad en el ejercicio de su cargo por el término de 10 años a Eduardo Enrique Cabrera Urbiña, en su condición de alcalde del municipio de Nechí, periodo 2012 – 2015, por irregularidades en contratación.

El ente de control demostró que el exmandatario local vulneró el principio de transparencia de la contratación estatal, ya que suscribió de forma directa los contratos interadministrativos 5, 6 y 11 de 2013, celebrados con la Asociación de Municipios del Sinú (Asosinú), y el 10 de 2013 con la Asociación de Municipios del Departamento de Córdova “Amucordova”, cuyo objeto era la realización de obra pública, omitiendo adelantar el respectivo proceso contractual: licitación pública o selección abreviada, conforme lo estipula la Ley. 

La Procuraduría Provincial de Yarumal evidenció la indebida utilización de la figura excepcional de contratación directa, al celebrar en forma reiterada e indebida contratos interadministrativos sin permitir la participación en igualdad de condiciones de otras personas naturales o jurídicas que hubiesen podido desarrollar el objeto contractual.

El organismo de control recordó al disciplinado “que los servidores públicos  no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento (…)”.

La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima. 


Los sujetos procesales no interpusieron recurso de apelación por cuanto esta decisión quedó en firme.