Entre 2012 y 2013 el
exalcalde Camilo Mena Serna, como representante legal del municipio de
Zaragoza, compró 6 hectáreas de tierra a un particular por un valor de
$1.020.000.000, a razón de $170 millones de pesos por hectárea. Dicha compra
fue respaldada con un dictamen realizado por una avaladora de Medellín que no
tiene registro, quien suplantó a un avalador que reside en la isla de San
Andrés y Providencia y a quien pertenece el registro 1521 del Registro Nacional
de Evaluadores (RNA.). Esta es la historia.
Durante el cuatrienio
del exalcalde de Zaragoza (Antioquia), Camilo Mena Serna, sucedieron varios
presuntos hechos de corrupción, por varios miles de millones de pesos, que no
han sido investigados ni están en la lupa de la Fiscalía. Uno de ellos es un
lote de seis hectáreas que fue comprado por la Alcaldía de Zaragoza por un
monto inimaginable: ciento setenta millones de pesos ($170.000.000) por
hectárea. (Ver mapa lote).
El lote, denominado La
Milvia, ubicado en la vereda San Gregorio, zona rural del municipio, fue desde
1992 propiedad del señor Antonio José Zapata Marulanda, identificado con cédula
577.997, adjudicado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora),
mediante la Resolución 0276 del 28 de febrero de 1992 [Ver
Resolución 0276_INCORA].
El alcalde Camilo Mena
Serna se posesionó el primero de enero de 2012 y once meses después, en
noviembre, se interesó en comprar las seis hectáreas, no al adjudicatario
Zapata Marulanda, sino a Edwin Armando Calderón Osorio, quien le compró a
Nicolás de Jesús Zapata Marulanda y solicitó ante el Incora la autorización de
fraccionar el lote en dos, uno de los cuales le sería vendido al municipio. La
titulación por parte del Incoder, así como el primer contrato de compraventa suscrito
entre el alcalde y el vendedor, sucedió en el año 2012.
El 8 de agosto de 2012,
en el municipio de Chiriguaná (Cesar), se dieron cita en la notaría los señores
Nicolás de Jesús Ramírez Castro y Edwin Armando Calderón Osorio, para firmar la
Escritura Pública 79, en la Notaría Única de dicho municipio, en donde el
primero le vendió al segundo un lote de cinco hectáreas y 8.887 metros por
valor de $35.000.000 que el primero había adquirido por $1.500.000, precio
razonable en trece años de posesión por parte de Ramírez Castro. [Ver anotaciones/Tradición y Libertad]
El jugoso negocio
vendría después. Teniendo la posesión del lote Edwin Calderón solicitó ante la
Dirección Territorial Antioquia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural el
fraccionamiento del lote, de acuerdo con el proceso de titulación de baldíos,
como consta en la solicitud 20121135180 del 24/09/2012. El director
territorial, mediante la Resolución 20122139520 del 20/11/2012, autoriza el
fraccionamiento en dos lotes: «Lote 1; con un área de 2,0000 Has. del predio de
mayor extensión denominado La Milvia, ubicado en la vereda San Gregorio (…) con
una extensión de 5,8877 Has., inscrito en el folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 027-13499 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Segovia; para enajenar
a la Alcaldía Municipal de Zaragoza, representada por el Alcalde Municipal
señor Camilo Mena Serna (…); y el LOTE 2 parte restante, con un área de 3,8877,
le quedan al propietario Edwin Armando Calderón Osorio». [Ver Resolución INCODER/fraccionamiento]
La primera venta de un
lote fraccionado del principal se realizó el 7 de diciembre de 2012, mediante
la Escritura Pública 141 de la Notaría Única del Círculo de Zaragoza, en donde
se pactó la venta de dos hectáreas del predio con matrícula 027-27523 y un
avalúo catastral de $6.823.764, por valor de $340.000.000 [Ver Escritura
141/págs. 1-4]
Un segundo lote fue
negociado el 6 de marzo de 2013 como consta en la Escritura Pública 23, del 6
de marzo de 2013, con un área de dos hectáreas y un valor de $340.000.000. Lo
particular de esta venta es que ya no se habla de la vereda San Gregorio, por
lo que sería zona rural, sino del barrio San Gregorio, con lo que se incrementa
el valor de la hectárea. . [Escritura 23/págs. 7-10]
Una particularidad del
barrio San Gregorio son los riesgos identificados en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial (PBOT) aprobado en 2010, en donde se puede leer que es
una de las zonas con mayor amenaza de inundaciones por la cercanía de la
quebrada La Oca. Incluso se menciona que San Gregorio fundó en 1970 con el
primer asentamiento de invasión en lo que era una finca, propiciado por la
llegada de la especulación minera. . [Ver PBOT]
El último lote fue
comprado el 26 de agosto de 2013 mediante la Escritura Pública 79, en donde el
municipio adquirió a título de compraventa dos hectáreas por valor de
$340.000.000. [Escritura 79/págs. 14-17]
Así las cosas, el
municipio de Zaragoza le compró al señor Edwin Armando Calderón Osorio un total
de seis hectáreas por un valor total de $1.020.00.000, por lo que el vendedor
compró en $35.000.000 sufrió un avaluó acelerado en cuestión de meses sin que
haya explicación. En ninguna de las tres escrituras suscritas en la notaría
aparece el concepto de algún perito avalador.
Un investigador de Análisis
Urbano se comunicó vía telefónica el 15 de julio de 2017 con el exalcalde
Camilo Mena Serna para hacerle algunas preguntas en cuanto a esta denuncia. Su
respuesta fue:
«(…) eso es lo que dice
la oposición, yo siempre he dicho que están en todo su derecho, porque no puede
haber un gobierno en ninguna parte del país si no hay alguien que diga que eso
está bien hecho o está mal hecho, para uno tratar de mejorar (…) en este país
te vuelves corrupto y te dañan el nombre en cualquier momento. Evidentemente
ellos dicen que la hectárea de tierra que se compró es muy costosa. Lo que pasa
es que eso se compró con base en la valoración que hizo un perito que está
inscrito en la Lonja de Bogotá. No se puede comprar una tierra sin el informe
de un perito. Después de la demanda [denuncia ante la Contraloría de Antioquia]
vino un funcionario de la Contraloría desde Bogotá y revisó eso de la tierra.
Cuando se compró la tierra, en el año 2012, el metro cuadrado valía $17.000,
que en este caso particular se compraron 2 hectáreas de tierra, es decir, la
hectárea de tierra costó $170 millones de pesos. A 2015, cuando se hace el
último peritaje con una perito de Medellín, aparte del que ya se había hecho,
se solicitó que la Contraloría General de Antioquia hicieran un peritaje del
costo/beneficio de esa tierra, porque al lado está el proyecto de las
Autopistas de la Prosperidad, que eso es lo que algunos no ven, y el peritaje
que hace la perito dice que para el año 2015 el metro cuadrado vale $70.000,
entonces ahí pudimos verificar cuánto se ahorró el municipio en la compra de
esas dos hectáreas de tierra (…) eso se va valorizando porque lleva acueducto,
energía y todo ese terreno se urbanizó. Eso fue lo que presentamos en la
Contraloría, la Procuraduría y en la Fiscalía, en donde nos requirieron».
El dictamen pericial
mencionado por el exalcalde fue realizado por Luz Marina Torres Gutiérrez,
identificada con cédula 43.059.083, tarjeta de perito RNA 03-1521, con fecha
del 15 de mayo de 2015, en donde se determinó resolver lo siguiente: 1) valor
comercial del lote en el momento de la compra; 2) establecer el valor comercial
actual; y 3) analizar los valores obtenidos, el por qué y de dónde salieron y
en qué benefician o perjudican al municipio (sic). [Ver
fotografía del informe pericial].
Dicho avalúo, como lo
pudo verificar Análisis Urbano, es falso y no fue hecho por ningún avalador con
el registro 03-1521, que no existe en los archivos del Registro Nacional de Evaluadores.
Uno de los
investigadores de Análisis Urbano se comunicó con el señor Pedro Ernesto
Rodríguez Arango, quien reside en la isla de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, quien certificó que el RNA 1521 le pertenece desde 1999, año desde el
que desarrolla la actividad de avalador. Incluso en el listado de evaluadores
certificado por la RNA en Antioquia no aparece la señora Luz Marina Torres
Gutiérrez. Por lo tanto el registro 03-1521 que aduce la señora Torres
Gutiérrez ser de ella, fue suplantado. Lo que nos sabemos es con qué objetivo
suplantaron a un avalador. [Ver listado evaluadores/Antioquia]
Así las cosas, el
dictamen pericial que menciona el exalcalde Camilo Mena Serna, que determinó
que el metro cuadrado de tierra pasó de costar $17.000 en 2012 a $70.000 en el
2015, es falso, constituyéndose en un delito penal que deberá ser investigado y
sancionado por la Fiscalía General de la Nación.
La impunidad que ha
rondado las investigaciones por corrupción en la Alcaldía de Zaragoza ha
contado con la participación de un excongresista que apadrina al exalcalde Mena
Serna: Julián Bedoya Pulgarín, representante a la Cámara por el Partido
Liberal, y quien fungió como jefe de la Contralora General de Antioquia en el
periodo 2012-2015, Luz Elena Arango, por lo que las investigaciones fiscales
estuvieron frenadas para favorecer el proyecto político del novato congresista.
Incluso en la
Contraloría General de Antioquia, siendo contralora Luz Elena Arango, y
contralor auxiliar de auditoría integrada Gabriel Jaime Ramírez Villegas, ficha
clave de Julián Bedoya Pulgarín, no fue reportado ningún hallazgo penal,
disciplinario ni fiscal contra el alcalde Mena Serna. [Auditoría
vigencia 2012_pág 10] [Auditoría vigencia 2013_pág 26].
La gratitud del
exalcalde Mena Serna con el congresista Julián Bedoya se vio representada en lo
electoral. Mientras que en 2011, primera aspiración a un cargo de elección
popular de Bedoya, en este caso a la Asamblea, obtuvo 16 votos, en su
aspiración a la Cámara en 2014 estos votos se multiplicaron, siendo respaldado
por 799 zaragozanos, siendo el segundo más votado [Ver resultados
Asamblea 2011/Cámara 2014].
Durante su gestión como
alcalde Camilo Mena Serna obtuvo un récord de investigaciones disciplinarias en
la Procuraduría General de la Nación, Provincial Yarumal, que tiene bajo su
jurisdicción a Zaragoza. De acuerdo con una publicación del periódico regional
La Verdad del Pueblo, este tendría dos investigaciones disciplinarias, de las
cuales ninguna avanza a buen ritmo. Incluso en la misma publicación se
denuncian los negocios del entonces procurador Juan Manuel Montoya Carvajal,
quien recibiría dinero a cambio de archivar procesos.
Como queda demostrado
en las pruebas presentadas en esta investigación, los tres lotes, de dos
hectáreas cada uno, comprados por el alcalde Camilo Mena Serna entre diciembre
de 2012 y agosto de 2013, no fueron avaluados antes de protocolizar su compra
en la Notaría Única del Círculo de Zaragoza, como dio fe la notaria Enalba
María Vélez Gil, sino que se hizo posteriormente, en 2015, cuando el alcalde
fue requerido por los entes de control, avalúo que es falso al ser certificado
por Luz Marina Torres Gutiérrez, una persona que, como certificó el Registro
Nacional de Evaluadores, con sede en Bogotá, no cuenta con licencia, sino que
suplantó al avalador Pedro Ernesto Rodríguez Arango.
Lo más sorprendente de
todo es que el mismo 7 de diciembre de 2012, cuando el alcalde Mena Serna y el
vendedor Edwin Armando Calderón Osorio firmaron la compraventa de dos hectáreas
por valor de $340.000.000, también se hizo el negocio con la señora Rosana
Monroy de López, a quien el municipio le compró nueve hectáreas y 5.955 metros
cuadrados por valor de $168.000.000 ($17.500.000 hectárea), para desarrollar el
proyecto del mirador turístico. Dista muchos millones un lote del otro.
Ya queda en manos de la
Fiscalía General determinar si hubo algún delito, entre ellos el de falsedad de
documento privado, un presunto peculado por apropiación en beneficio propio o
en favor de terceros, y si los entes de control, como la Procuraduría, en lo
disciplinario, y la Contraloría, en lo fiscal, encuentran algún hallazgo.
