6 may. CI.- Actualmente el
Bajo Cauca se encuentra viviendo una guerra. Dos grupos paramilitares se
disputan el territorio que hasta hace poco había estado en una aparente calma
durante años. Varios bloques de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-
(también llamados Clan del Golfo) pelean por la tierra que han ocupado durante
décadas en sociedad con Los Caparrapos, otro grupo paramilitar con el que se
repartían la zona.
Estos dos grupos eran
socios hasta el año pasado. Realizaban sus acciones respetando los límites del
otro. Sin embargo, Los Caparrapos vendieron la zona a La Oficina de Envigado,
negocio que no fue del agrado del Clan del Golfo.
Leiderman Ortíz,
periodista de la región que ha seguido a estos grupos armados, sus nexos con
las instituciones y sus enfrentamientos, asegura que esta transacción detonó la
guerra que ahora padece esta región.
La tierra que se pelean
está plagada de oro, cultivos de coca y laboratorios para procesarla; asimismo,
es un corredor que conecta el Valle de Aburrá con la Costa, brindando
facilidades para el transporte de la droga.
La disputa por este
territorio es histórica pues por estas mismas tierras han hecho presencia
insurgencias como las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
-FARC-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y grupos paramilitares como
las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando éstas últimas se desmovilizaron
oficialmente (proceso que duró entre el 2003 y el 2006) se formaron nuevos
grupos, los cuales hoy buscan establecerse en la región a costa de violencia.
Esta guerra mantiene el
número de muertes en constante aumento. El 15 de abril de este año la Séptima
División del Ejército reportó ocho asesinatos en Tarazá durante un combate.
Horas más tardes se reportó la muerte de dos mujeres y un hombre. Los
enfrentamientos no han terminado, quizá los muertos tampoco.
Desde el 1 de enero al 10
de abril se habían registrado 662 homicidios en Antioquia, de los cuales 111
han sido en el Bajo Cauca. Además de que los combates se siguen dando y
en este sentido continúan aumentando las cifras de muertos, muchos no son
contabilizados ni reportados en los medios. Habitantes de la zona aseguran que
han ocurrido varios asesinatos que pasan desapercibidos en los últimos meses.
Siete muertes han destacado
entre todas las demás: las de siete líderes sociales que han sido asesinados en
Antioquia en lo que va del año.
La guerra entre estos
grupos ha arrasado con aquellos que resistían en sus territorios y ha
desplazado a quienes habitaban estas tierras. Más de 2.000 personas se han
trasladado a los cascos urbanos de sus municipios o a Medellín, huyendo de la
violencia.
Olga es una de
ellas. Como muchos otros huyó de la muerte que le esperaba si se quedaba en su
casa, afirma. Olga también fue lideresa de su comunidad: presidió la Junta de
Acción Comunal -JAC- de su vereda en Valdivia desde 2008 hasta que tuvo que
irse para no volver.
Olga, una líder desplazada
Todo empezó un sábado por
la noche en el que Olga dormía en su cama. Hubo un tiroteo a dos casas de la
suya, el sonido de las balas la hizo tirarse al suelo. Mataron a un muchacho y
le pidieron a Olga, por ser la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de esa
vereda, que firmara el acta de levantamiento.
Cuando se presentó ante la
policía le preguntaron si sabía quién lo había matado, ella dijo que no. La
versión que llegó a las AGC fue que ella había dicho que “la policía sabía
quién mandaba en la zona, que habían sido ellos”.
El mismo Comandante de la
policía afirmó que le escuchó decir que ella como presidenta de la JAC quería
traer estrategias a su municipio que alejaran a los jóvenes de las drogas. Esa
información también llegó a oídos de quienes manejan el tráfico de drogas en la
región, a los cuales no les gustó esa idea.
Ocho días después, unos
miembros del grupo armado llegaron al local donde Olga se encontraba
preguntando por un muchacho, el hijo de la dueña del local. Ella les dijo que
no sabía dónde estaba. Cuando el chico volvió, ella le contó que lo estaban
buscando y él respondió que a ellos también los buscaban para hacerles un
atentado. Olga no dijo nada, no era su problema.
Cuando las AGC supieron
que Olga estaba enterada de este supuesto atentado la cuestionaron por no
avisarles. “Yo no trabajo para ustedes, yo soy una líder comunitaria, yo
trabajo con la comunidad no con ningún grupo”, les respondió.
En el Bajo Cauca los
líderes tienen dos opciones: colaborar con los grupos o resistir y pagar las
consecuencias. Unos días después su hermano la buscó para decirle algo
importante: “Hay un problema con usted, la van a matar, se tiene que ir”.
A Olga se le enfrió el
cuerpo, se le entumieron las manos, no sentía nada. Fue a su casa y se encerró
con sus tres hijos durante tres días. Sin hambre ni sueño, estuvo tres días
tirada en la cama. Su hermano cocinaba por ella para sus hijos con las cortinas
cerradas, hablando bajo para que no supieran que estaban ahí.
En un descuido de los
hombres que vigilaban la casa, Olga salió en un carro que había preparado para
ella una mujer de una organización cuyo nombre no puede ser mencionado por
razones de seguridad. La líder y sus hijos se montaron al carro y huyeron de la
casa a la que no han podido volver, donde dejaron casi todas sus pertenencias y
su pasado.
El flagelo de ser
desplazado
El lugar más seguro para
muchos de estos desplazados es Medellín. Tan sólo este año han llegado a la
capital antioqueña 3.258 personas desplazadas de todo el Departamento. El 53%
de esas personas vienen del Bajo Cauca. Olga, su familia y más de 1.830
personas han huido de esta región y se han refugiado ahí.
Desplazarse ha sido un
flagelo para Olga. En la Unidad de Víctimas le dicen que no hay información,
que no hay plata, que no hay nada. En el barrio en el que se instaló, la
Policía acosó a su hijo de 21 años por ser desplazado. Decían que si salió de
allá es porque es “paraco” y a los paracos hay que desaparecerlos.
Su hijo de 14 años olvidó
leer y escribir como reacción postraumática al desplazamiento. Tuvo que volver
a empezar el colegio. Nadie le quiere arrendar una pieza porque saben que es
“desplazada” y que la indemnización con la que pagará al alquiler no llegará a
tiempo. En efecto, esa plata nunca llega a tiempo.
Según la Ley 1448 del
2011 (Ley de Víctimas) la indemnización que reciben las personas
desplazadas debe entregarse cada tres meses. La última vez que Olga recibió
dinero fue en noviembre, nada más hasta el día de hoy, mayo.
Trabajaría si pudiera,
pero tiene una hija de 16 años con Síndrome de Down que necesita ayuda para
comer, ir al baño, bañarse, hacerlo todo. De vez en cuando, Olga hace aseo en
casas. Pero solo en las que se puede llevar a su hija. Sin un salario fijo no
puede pagar una renta.
En Medellín se siente
segura. Es una ciudad grande y cara. Es difícil que la encuentren ahí pero
también lo es sobrevivir sin un ingreso. Hace tres meses se tuvo que ir a la
casa de una sobrina suya que no estará en el país durante unos meses, pues no
podía seguir pagando el alquiler. Aún le quedan tres meses más de préstamo,
después tendrá que volver a buscar un nuevo hogar.
Líderes, incómodos para el
poder
Para ella, regresar a
Valdivia es algo impensable. Seguramente la matarían. Su trabajo en la JAC, en
el Comité Cocalero, en la Veeduría Ciudadana y como líder en la erradicación de
cultivos ilícitos, incomodó los intereses de las AGC y las
instituciones locales.
En el 2008 Olga comenzó a
trabajar con la erradicación de cultivos ilícitos en su vereda. Ella misma
erradicó tres hectáreas de coca que eran el sustento de su familia. Esto lo
hizo confiando en el apoyo que el Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos otorga a las familias para su manutención antes de las
primeras cosechas, pero ese apoyo nunca llegó porque la Federación Nacional de
Cacaoteros -Fedecacao- fungió de intermediaria y entregó solamente semillas y
herramientas: el dinero para los mercados de las familias se perdió.
A pesar de esto, 17
familias ingresaron en el programa y comenzaron el proceso de erradicación.
Olga tenía la lista de estas personas. Miembros de las AGC fueron a su casa
cuando aún vivía en Valdivia para pedirle la lista y Olga se las negó.
El Comité Cocalero reunió
a los líderes de cada vereda del municipio en unas mesas de negociaciones con
la Secretaría de Gobernación de Antioquia, un Coronel de la Policía de
Antioquia y un Coronel del Ejército. Se reunieron en siete ocasiones cada ocho
días para concertar las condiciones de erradicación con los campesinos de todo
el municipio.
El proceso avanzaba con
éxito hasta que la Secretaría de Gobernación de Antioquia dijo a los medios que
se estaba reuniendo con líderes guerrilleros para el proceso de erradicación,
declaración que no le gustó a la comunidad. La criminalización del campesinado
los indignó y detuvo todos los procesos que se encontraban vigentes.
Al mismo tiempo, algunas
familias ya habían arrancado las matas de coca de sus parcelas y comenzaban a sembrar
cacao en un terreno que el Gobierno Nacional otorgó al municipio para este fin.
Sin embargo, la dicha no
duró mucho: el entonces alcalde de Valdivia, Mauricio Gómez, hipotecó el
terreno en 80 millones de pesos y hasta el día de hoy la comunidad no sabe qué
sucedió con ese dinero. Se realizaron denuncias que nunca procedieron y así,
los que perdieron fueron los campesinos pues se encontraban sembrando en tierra
de nadie.
Aún sin condiciones ni
garantías para sustituir sus cultivos, Olga apoyó y dio seguimiento a este
proceso hasta que fue desplazada. Liderar a su comunidad y trabajar por la
erradicación de la coca le costó continuar llevando su vida tal como la
conocía.
Así como muchas otras
personas desplazadas de esta región, Olga se encuentra inmersa en la
incertidumbre del futuro, en la espera de una indemnización trimestral que no
llega y con el miedo de que la encuentren quienes la quieren muerta. “A
veces pienso que me gustaría irme a un lugar en donde nadie me conociera y
vivir los días que me quedan en paz”, comenta.
El nombre real de Olga
fue cambiado por cuestiones de seguridad
[Con información de Colombia Informa]
