Zaragoza | Exalcalde de Zaragoza compró hectárea de tierra a $170 millones

Entre 2012 y 2013 el exalcalde Camilo Mena Serna, como representante legal del municipio de Zaragoza, compró 6 hectáreas de tierra a un particular por un valor de $1.020.000.000, a razón de $170 millones de pesos por hectárea. Dicha compra fue respaldada con un dictamen realizado por una avaladora de Medellín que no tiene registro, quien suplantó a un avalador que reside en la isla de San Andrés y Providencia y a quien pertenece el registro 1521 del Registro Nacional de Evaluadores (RNA.). Esta es la historia.

Por: Eli_Inspector (Tomado de analisisurbano.org)

Durante el cuatrienio del exalcalde de Zaragoza (Antioquia), Camilo Mena Serna, sucedieron varios presuntos hechos de corrupción, por varios miles de millones de pesos, que no han sido investigados ni están en la lupa de la Fiscalía. Uno de ellos es un lote de seis hectáreas que fue comprado por la Alcaldía de Zaragoza por un monto inimaginable: ciento setenta millones de pesos ($170.000.000) por hectárea. (Ver mapa lote).

El lote, denominado La Milvia, ubicado en la vereda San Gregorio, zona rural del municipio, fue desde 1992 propiedad del señor Antonio José Zapata Marulanda, identificado con cédula 577.997, adjudicado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), mediante la Resolución 0276 del 28 de febrero de 1992 [Ver Resolución 0276_INCORA].

El alcalde Camilo Mena Serna se posesionó el primero de enero de 2012 y once meses después, en noviembre, se interesó en comprar las seis hectáreas, no al adjudicatario Zapata Marulanda, sino a Edwin Armando Calderón Osorio, quien le compró a Nicolás de Jesús Zapata Marulanda y solicitó ante el Incora la autorización de fraccionar el lote en dos, uno de los cuales le sería vendido al municipio. La titulación por parte del Incoder, así como el primer contrato de compraventa suscrito entre el alcalde y el vendedor, sucedió en el año 2012.

El 8 de agosto de 2012, en el municipio de Chiriguaná (Cesar), se dieron cita en la notaría los señores Nicolás de Jesús Ramírez Castro y Edwin Armando Calderón Osorio, para firmar la Escritura Pública 79, en la Notaría Única de dicho municipio, en donde el primero le vendió al segundo un lote de cinco hectáreas y 8.887 metros por valor de $35.000.000 que el primero había adquirido por $1.500.000, precio razonable en trece años de posesión por parte de Ramírez Castro. [Ver anotaciones/Tradición y Libertad]

El jugoso negocio vendría después. Teniendo la posesión del lote Edwin Calderón solicitó ante la Dirección Territorial Antioquia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural el fraccionamiento del lote, de acuerdo con el proceso de titulación de baldíos, como consta en la solicitud 20121135180 del 24/09/2012. El director territorial, mediante la Resolución 20122139520 del 20/11/2012, autoriza el fraccionamiento en dos lotes: «Lote 1; con un área de 2,0000 Has. del predio de mayor extensión denominado La Milvia, ubicado en la vereda San Gregorio (…) con una extensión de 5,8877 Has., inscrito en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 027-13499 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Segovia; para enajenar a la Alcaldía Municipal de Zaragoza, representada por el Alcalde Municipal señor Camilo Mena Serna (…); y el LOTE 2 parte restante, con un área de 3,8877, le quedan al propietario Edwin Armando Calderón Osorio». [Ver Resolución INCODER/fraccionamiento] 

La primera venta de un lote fraccionado del principal se realizó el 7 de diciembre de 2012, mediante la Escritura Pública 141 de la Notaría Única del Círculo de Zaragoza, en donde se pactó la venta de dos hectáreas del predio con matrícula 027-27523 y un avalúo catastral de $6.823.764, por valor de $340.000.000  [Ver Escritura 141/págs. 1-4]

Un segundo lote fue negociado el 6 de marzo de 2013 como consta en la Escritura Pública 23, del 6 de marzo de 2013, con un área de dos hectáreas y un valor de $340.000.000. Lo particular de esta venta es que ya no se habla de la vereda San Gregorio, por lo que sería zona rural, sino del barrio San Gregorio, con lo que se incrementa el valor de la hectárea. . [Escritura 23/págs. 7-10]

Una particularidad del barrio San Gregorio son los riesgos identificados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) aprobado en 2010, en donde se puede leer que es una de las zonas con mayor amenaza de inundaciones por la cercanía de la quebrada La Oca. Incluso se menciona que San Gregorio fundó en 1970 con el primer asentamiento de invasión en lo que era una finca, propiciado por la llegada de la especulación minera. . [Ver PBOT]

El último lote fue comprado el 26 de agosto de 2013 mediante la Escritura Pública 79, en donde el municipio adquirió a título de compraventa dos hectáreas por valor de $340.000.000. [Escritura 79/págs. 14-17]

Así las cosas, el municipio de Zaragoza le compró al señor Edwin Armando Calderón Osorio un total de seis hectáreas por un valor total de $1.020.00.000, por lo que el vendedor compró en $35.000.000 sufrió un avaluó acelerado en cuestión de meses sin que haya explicación. En ninguna de las tres escrituras suscritas en la notaría aparece el concepto de algún perito avalador.

Un investigador de Análisis Urbano se comunicó vía telefónica el 15 de julio de 2017 con el exalcalde Camilo Mena Serna para hacerle algunas preguntas en cuanto a esta denuncia. Su respuesta fue:

«(…) eso es lo que dice la oposición, yo siempre he dicho que están en todo su derecho, porque no puede haber un gobierno en ninguna parte del país si no hay alguien que diga que eso está bien hecho o está mal hecho, para uno tratar de mejorar (…) en este país te vuelves corrupto y te dañan el nombre en cualquier momento. Evidentemente ellos dicen que la hectárea de tierra que se compró es muy costosa. Lo que pasa es que eso se compró con base en la valoración que hizo un perito que está inscrito en la Lonja de Bogotá. No se puede comprar una tierra sin el informe de un perito. Después de la demanda [denuncia ante la Contraloría de Antioquia] vino un funcionario de la Contraloría desde Bogotá y revisó eso de la tierra. Cuando se compró la tierra, en el año 2012, el metro cuadrado valía $17.000, que en este caso particular se compraron 2 hectáreas de tierra, es decir, la hectárea de tierra costó $170 millones de pesos. A 2015, cuando se hace el último peritaje con una perito de Medellín, aparte del que ya se había hecho, se solicitó que la Contraloría General de Antioquia hicieran un peritaje del costo/beneficio de esa tierra, porque al lado está el proyecto de las Autopistas de la Prosperidad, que eso es lo que algunos no ven, y el peritaje que hace la perito dice que para el año 2015 el metro cuadrado vale $70.000, entonces ahí pudimos verificar cuánto se ahorró el municipio en la compra de esas dos hectáreas de tierra (…) eso se va valorizando porque lleva acueducto, energía y todo ese terreno se urbanizó. Eso fue lo que presentamos en la Contraloría, la Procuraduría y en la Fiscalía, en donde nos requirieron».

El dictamen pericial mencionado por el exalcalde fue realizado por Luz Marina Torres Gutiérrez, identificada con cédula 43.059.083, tarjeta de perito RNA 03-1521, con fecha del 15 de mayo de 2015, en donde se determinó resolver lo siguiente: 1) valor comercial del lote en el momento de la compra; 2) establecer el valor comercial actual; y 3) analizar los valores obtenidos, el por qué y de dónde salieron y en qué benefician o perjudican al municipio (sic). [Ver fotografía del informe pericial].

Dicho avalúo, como lo pudo verificar Análisis Urbano, es falso y no fue hecho por ningún avalador con el registro 03-1521, que no existe en los archivos del Registro Nacional de Evaluadores.

Uno de los investigadores de Análisis Urbano se comunicó con el señor Pedro Ernesto Rodríguez Arango, quien reside en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quien certificó que el RNA 1521 le pertenece desde 1999, año desde el que desarrolla la actividad de avalador. Incluso en el listado de evaluadores certificado por la RNA en Antioquia no aparece la señora Luz Marina Torres Gutiérrez. Por lo tanto el registro 03-1521 que aduce la señora Torres Gutiérrez ser de ella, fue suplantado. Lo que nos sabemos es con qué objetivo suplantaron a un avalador. [Ver listado evaluadores/Antioquia]

Así las cosas, el dictamen pericial que menciona el exalcalde Camilo Mena Serna, que determinó que el metro cuadrado de tierra pasó de costar $17.000 en 2012 a $70.000 en el 2015, es falso, constituyéndose en un delito penal que deberá ser investigado y sancionado por la Fiscalía General de la Nación.

La impunidad que ha rondado las investigaciones por corrupción en la Alcaldía de Zaragoza ha contado con la participación de un excongresista que apadrina al exalcalde Mena Serna: Julián Bedoya Pulgarín, representante a la Cámara por el Partido Liberal, y quien fungió como jefe de la Contralora General de Antioquia en el periodo 2012-2015, Luz Elena Arango, por lo que las investigaciones fiscales estuvieron frenadas para favorecer el proyecto político del novato congresista.

Incluso en la Contraloría General de Antioquia, siendo contralora Luz Elena Arango, y contralor auxiliar de auditoría integrada Gabriel Jaime Ramírez Villegas, ficha clave de Julián Bedoya Pulgarín, no fue reportado ningún hallazgo penal, disciplinario ni fiscal contra el alcalde Mena Serna. [Auditoría vigencia 2012_pág 10] [Auditoría vigencia 2013_pág 26].

La gratitud del exalcalde Mena Serna con el congresista Julián Bedoya se vio representada en lo electoral. Mientras que en 2011, primera aspiración a un cargo de elección popular de Bedoya, en este caso a la Asamblea, obtuvo 16 votos, en su aspiración a la Cámara en 2014 estos votos se multiplicaron, siendo respaldado por 799 zaragozanos, siendo el segundo más votado  [Ver resultados Asamblea 2011/Cámara 2014].

Durante su gestión como alcalde Camilo Mena Serna obtuvo un récord de investigaciones disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación, Provincial Yarumal, que tiene bajo su jurisdicción a Zaragoza. De acuerdo con una publicación del periódico regional La Verdad del Pueblo, este tendría dos investigaciones disciplinarias, de las cuales ninguna avanza a buen ritmo. Incluso en la misma publicación se denuncian los negocios del entonces procurador Juan Manuel Montoya Carvajal, quien recibiría dinero a cambio de archivar procesos.

Como queda demostrado en las pruebas presentadas en esta investigación, los tres lotes, de dos hectáreas cada uno, comprados por el alcalde Camilo Mena Serna entre diciembre de 2012 y agosto de 2013, no fueron avaluados antes de protocolizar su compra en la Notaría Única del Círculo de Zaragoza, como dio fe la notaria Enalba María Vélez Gil, sino que se hizo posteriormente, en 2015, cuando el alcalde fue requerido por los entes de control, avalúo que es falso al ser certificado por Luz Marina Torres Gutiérrez, una persona que, como certificó el Registro Nacional de Evaluadores, con sede en Bogotá, no cuenta con licencia, sino que suplantó al avalador Pedro Ernesto Rodríguez Arango.

Lo más sorprendente de todo es que el mismo 7 de diciembre de 2012, cuando el alcalde Mena Serna y el vendedor Edwin Armando Calderón Osorio firmaron la compraventa de dos hectáreas por valor de $340.000.000, también se hizo el negocio con la señora Rosana Monroy de López, a quien el municipio le compró nueve hectáreas y 5.955 metros cuadrados por valor de $168.000.000 ($17.500.000 hectárea), para desarrollar el proyecto del mirador turístico. Dista muchos millones un lote del otro.

Ya queda en manos de la Fiscalía General determinar si hubo algún delito, entre ellos el de falsedad de documento privado, un presunto peculado por apropiación en beneficio propio o en favor de terceros, y si los entes de control, como la Procuraduría, en lo disciplinario, y la Contraloría, en lo fiscal, encuentran algún hallazgo.

La soledad, el precio que paga Leiderman por decir la verdad

Reportaje de El Tiempo 
El día que mataron al periodista Luis Carlos Cervantes, en Tarazá, Leiderman Ortiz estaba en Caucasia. De inmediato subió a la camioneta blindada que le tiene asignada la Unidad Nacional de Protección y se fue hacia la morgue donde preparaban el cuerpo de su colega y amigo.

“Cuando lo sacaron y abrieron la caja, me vi a mí mismo acostado en ese cajón. Se me vinieron las lágrimas. Quise hacer un alto en el camino, pero a la vez me dije: no puedo”, recordó el director del periódico La Voz del Pueblo, de Caucasia.

Y es que Leiderman Ortiz Berrío, el periodista más amenazado del Bajo Cauca antioqueño, se compara con el miembro de una mafia que se hartó del delito, pero no se puede retirar porque lo matan.

A Cervantes, excorresponsal de Teleantioquia Noticias y director la emisora Morena FM de Tarazá lo amenazaron más de 20 veces, pero nunca le hicieron un atentado. Solo el 12 de agosto pasado cuando lo mataron, tres semanas después de que la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad porque, según esa entidad, ya no ejercía como periodista y sus riesgos eran mínimos.

A Leiderman, en cambio, nunca lo han amenazado directamente, pero ya le han hecho cinco atentados.

Desde 2010, cuando fueron a buscarlo para matarlo y se salvó por un presentimiento que lo hizo salir de su oficina, perdió la tranquilidad.

Más aún desde finales de septiembre, cuando la directora de la Federación Colombiana de Periodistas lo llamó para preguntarle por las amenazas que profirieron contra él y otras 23 personas un comando urbano de ‘los Rastrojos’.

Sin saber de esa amenaza, ya Leiderman estaba cansado. “No sé porque piensan que tener escoltas es un lujo. Es estresante, deprimente, se te acaba la vida privada, el círculo social. Ya uno no puede hacer lo que le dé la gana como una persona independiente”, comentó.

Se siente encerrado en Caucasia, como en un pueblo pequeño donde no puede extender sus alas.

Aunque lleva cinco años y medio con escoltas, no se acostumbra.

Antes de que ‘los Rastrojos’ lo incluyeran en ese panfleto como objetivo militar, ya soñaba con recuperar la tranquilidad. Ser frentero. Denunciar sin maquillajes los lugares, las placas de los vehículos, los alias y nombres de los asesinos lo han convertido en blanco de bandas criminales.

Más en un municipio como Caucasia, donde estas bandas “han matado a más de 500 personas desde 2008 y muchos policías han sido capturados por hacer parte de la nómina de esas agrupaciones”, aseguró.

Quisiera irse, pero no puede. “El factor número uno es económico. No tengo donde quedarme, donde llegar”, afirma resignado.

“Yo sí tengo ganas de irme, estoy cansado de esto de verdad. Pero, ¿cuando me voy?, cuando me gane el Baloto, pueda comprar un apartamento y montar una tiendecita para no ejercer más el periodismo”.

Vive de su periódico, pero La verdad del pueblo ni siquiera puede salir cada mes. La gente lo busca para una reunión, para que medie en sus conflictos, para que les ayude a resolver sus problemas. Los lunes su oficina es un despacho de alcalde.

El Mexicano que fue enlace de Los Zetas en el Bajo Cauca

Eli_Inspector [Texto publicado en Análisis Urbano]

Irineo Sánchez Romero se hacía llamar El Mexicano [homónimo de Gonzalo Rodríguez Gacha, del cartel de Medellín] y era integrante del cartel de Los Zetas, una de las estructuras narcotraficantes mexicanas que desde hace unos dos años tiene negocios con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, no sólo en Urabá, sino también en el Bajo Cauca, en donde se produce la mayoría de la materia prima para la producción de cocaína en el país.

Como lo reveló la Agencia de Prensa Análisis Urbano información extraoficial, suministrada por coroneles de los batallones del Bajo Cauca, dan cuenta de la aparición de un mafioso y paramilitar conocido con el alias de Montero, al parecer procedente de Barbosa, Antioquia, con cercanía a Los Triana y a la Oficina del Valle de Aburrá. Su alianza inicialmente fue con alias Seis-Siete, a quien le compró una franquicia para traficar con cocaína que incluía los territorios de Piamonte y Tarazá. A pesar de esto, Montero ya tuvo problemas con las AGC por no pagar oportunamente dicha franquicia. Se dice en el bajo mundo que quince de sus hombres desaparecieron, cinco de estos ya fueron encontrados muertos.

Esta alianza coincidió con la captura de alias El Mexicano, quien, de acuerdo a información confidencial, suministró la indicación sobre la avioneta tipo Cessna 172 monomotor que incautaron en el corregimiento de Guarumo, en Cáceres. Análisis urbano pregunta: ¿a quién pertenece la finca donde fue decomisada la avioneta cargada de cocaína?

Fuentes consultadas por Eli_Inspector mencionaron que durante el año 2016 era común ver a un hombre que hablaba mexicano, se movilizaba en un vehículo deportivo, sin que fuera requerido por las autoridades, además de frecuentar varias sitios de rumba en la zona rosa de Caucasia, conocida como El Pajonal, en donde departía con hombres del negocio y mujeres voluptuosas.

En un centro comercial de Medellín las autoridades capturaron a Irineo Sánchez Romero. De acuerdo a información de inteligencia, se encontraba en Colombia hace dos años y servía de enlace negociador entre el cartel mexicano Los Zetas y el Clan del Golfo, para el tráfico de droga hacia el centro y norte de América.

Este hombre, quien habría logrado evadir durante varios meses a la justicia, logró huir el año anterior de un procedimiento judicial en el que fueron capturados sus primeros contactos en Colombia, alias Fama y El Turco. Sánchez Romero tiene vigente una solicitud de extradición emitida por una corte del Distrito Sur de la Florida por narcotráfico.

El cartel de Los Zetas es una estructura mexicana dedicada al narcotráfico y al terrorismo, que cuenta con un brazo armado que organiza las mafias locales y estatales dentro de una franquicia de la delincuencia organizada transnacional, cuyas actividades delictivas son el tráfico ilícito de estupefacientes, a nivel nacional e internacional, la extorsión, el secuestro y el homicidio.

Tal como lo reveló en su edición dominical la Unidad Investigativa de El Tiempo, uno de los colados en las listas de las Farc, entregadas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue Irineo Romero Sánchez, de nacionalidad mexicana, quien, de acuerdo a información de terreno fue hasta el momento de su captura, en enero de 2017, fue enlace del cartel de Los Zetas con Los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas.

¿Quién estuvo detrás del asesinato del líder campesino en Tarazá?

Cortesía: Coccam

El domingo 22 de octubre se produjo el asesinato de Miguel Emiro Pérez Villar, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Unión y uno de los impulsores de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca antioqueño. Además, hacía parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Gladis Rebeca Miguel Vides, alcaldesa del municipio, lamentó esta muerte violenta y detalló que una comisión se desplaza hasta dicha vereda, ubicada a una hora del casco urbano, para determinar los móviles en los que se produjo el crimen, y le dijo El Colombiano: “No tenemos detalles de cómo lo mataron ni quién lo hizo porque todavía no han bajado el cadáver de la vereda, pero era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión. Había firmado el proceso de sustitución”.

El miércoles 25 de octubre fue capturado en zona rural de Tarazá John Fernando Mazo, conocido con los alias de Conejo y Muelas, quien sería el responsable del homicidio de un líder social de la zona. Según informó la Policía Antioquia, alias Conejo hace parte de la estructura de los Urabeños o el Clan del Golfo en el municipio de Tarazá y era requerido por la justicia por el delito de homicidio agravado. Además, este hombre sería el responsable de fortalecer el componente militar de esa organización en el corregimiento Piamonte, del municipio de Cáceres (Antioquia).

Cortesía: Policía Nacional

Estos hechos preocupan a las asociaciones campesinas, quienes reclaman el cumplimiento del punto de drogas ilícitas pactado en el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc.

7 años viviendo en un 'búnker' por culpa de los narcos

Comparto la entrevista que me hizo RTVE de España, donde dan a conocer el modo de vida que llevo a raíz de los acontecimientos que vivo día tras día por la búsqueda de la verdad. Compártelo y suscríbete a mi nuevo canal en el portal de Youtube. 

El apetito de los gamonales con la circunscripción especial del Bajo Cauca

Por: Eli_Inspector [Tomado de Análisis Urbano]

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre el Gobierno y las Farc, rechazado por los promotores del No el 2 de octubre de 2016, y renegociado y firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón, en Bogotá, dejó consignada la participación política de los territorios en donde ha habido presencia histórica del conflicto armado, por lo que en el Punto 2: ‘Participación política’, en el aparte 2.3.6., se concertaron las circunscripciones especiales de paz: “(…) con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”.

Los territorios afectados por el conflicto, a lo largo y ancho del país, fueron agrupados en dieciséis (16) circunscripciones especiales, dos (2) de ellas en Antioquia: Bajo Cauca y Urabá. Lo particular de estas dos circunscripciones es que se ubican en subregiones en donde el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC), y luego las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como su proyecto de refundación de la patria, a través de las fichas políticas en el Congreso de la República, en lo que se conoció como la ‘parapolítica’, y ahora son dominadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, quienes dominan el territorio, controlan el negocio del narcotráfico y las rentas ilegales, y dirigen las rutas de embarque.

La circunscripción del Bajo Cauca (C-3) está integrada por trece (13) municipios: Cáceres, Caucasia (zona rural), El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Anorí, Amalfi, Briceño, Ituango y Valdivia. En todos ellos ha habido presencia de paramilitares, se han cometido masacres y fueron corredores de los frentes de las Farc hoy concentrados en las zonas veredales y desarmados.

  

¿Qué es lo que preocupa en dicha circunscripción especial? Desde hace un par de meses políticas de la región del Bajo Cauca, muchos de ellos exalcaldes vinculados con la criminalidad, exconvictos o con cuentas pendientes por la parapolítica, luego de haber sido alfiles o testaferros de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, están haciendo cálculos políticas, buscando cómo apoderarse de dicha curul y cómo acceder a que uno de sus pupilos logre la candidatura por la circunscripción.

El exalcalde y exconvicto Miguel Ángel Gómez García, el poder detrás de la alcaldía de Tarazá, en donde logró poner a Gladis Rebeca Miguel Vides, avalada por el Partido Liberal, es uno de los parapolíticos que ven en la circunscripción una forma de reencaucharse, pese a que hace parte del equipo del congresista Julián Bedoya Pulgarín, quien aspirará al Senado.

En Cáceres el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez, señalado de ser uno de los testaferros de Cuco Vanoy, exjefe del Bloque Mineros, también se suma al proyecto de las circunscripciones, viendo como ficha clave para su propósito a un excandidato a la alcaldía que ha estado vinculado con organizaciones comunales y campesinas. Una fuente consultada, que pidió se reservara su nombre, dijo que el exalcalde está empecinado en sacar un candidato por el Bajo Cauca y, de ser posible, de Cáceres.

En Caucasia tres exalcaldes con vínculos con parapolítica: José Nadín Arabia Abissad, Juan Carlos Garcés Estrada y Jorge Iván Valencia Rivera, están jugados por buscar apoderarse de la circunscripción especial. A ellos se suma el excandidato a la alcaldía de Caucasia José Dairo Bedoya Hincapié, fiel seguidor del congresista Julián Bedoya, que ante la imposibilidad de aspirar en las elecciones de 2015 puso a su esposa: Neri Montiel de Bedoya. Si Bedoya Hincapié no puede aspirar a dicha circunscripción ha manifestado que apoyará a otro candidato. Una mala noticia: la zona urbana de Caucasia no está dentro de la jurisdicción de la circunscripción especial. El excandidato Leovigildo Madera, cercano a Juan Carlos Garcés, también está dentro de la lista.

¿Y las subregiones de Nordeste: Segovia, Remedios, Anorí y Amalfi, en donde el oro y el narcotráfico son fortín de la criminalidad, y el Norte: Ituango, Briceño e Ituango, en donde las Farc fueron la autoridad, qué opinan de las circunscripciones?

La Asociación Campesina de Ituango (ASCIT) ve la circunscripción especial como un proyecto difuso, en donde los políticos del Bajo Cauca han ido tomando ventaja, porque la idiosincrasia entre las dos subregiones es muy diferente, aunque el conflicto y la economía ha sido la misma: Clan del Golfo (antes Frente 18 de las Farc) y cultivos de coca.

Dentro de la circunscripción especial de paz del Bajo Cauca están asentadas tres (3) Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN): en Ituango, vereda Santa Lucía; Anorí, vereda La Plancha; y Remedios, vereda Carrizales. Anorí y Remedios hacen parte del Nordeste, por lo que podría tener mayor protagonismo en las elecciones parlamentarias.

En el Bajo Cauca no fue ubicada ninguna ZVTN por el dominio territorial de las Autodefensas Gaitanistas y el conflicto azuzado por el narcotráfico que se conecta con la subregión de Urabá, en donde está ubicada la circunscripción de C-16.

El Ministerio del Interior ya tiene formulado el texto del proyecto de Acto Legislativo que radicará el 20 de julio ante el Congreso de la República, que deberá ser tramitado dentro del fast track con mensaje de urgencia y pueda ser aplicado en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018. El proyecto comprende dos periodos legislativos: 2018-2022 y 2022-2016, y tiene los siguientes requisitos para ser postulado: “Los candidatos sólo pueden ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos…”. Lo novedoso y a la vez atractivo para los gamonales es que contarán con financiación especial por parte del Estado, lo que no acarrearía gastos a quienes están acostumbrados a gastar millones de pesos en compra de votos, tamales y tejas. [Ver borrador Acto Legislativo_circunscripciones]

Otro barrera que se la atraviesa a estos politiqueros del Bajo Cauca es que se le exige a aspirantes que sean “habitantes regulares de la circunscripción o desplazados de estos territorios en proceso de retorno”, por lo que quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular en otras elecciones y no acrediten dichos requisitos quedarán excluidos.

El Acuerdo Final está actualmente en la etapa de implementación por parte del Gobierno, que ha sido tibio y lento en el cumplimiento de lo pactado con las Farc, a quienes no les han cumplido con la amnistía total. Ojalá que con las circunscripciones especiales sí haya una participación real de los excluidos, y no el regreso reencauchado de los voceros de la criminalidad al Congreso de la República. 

Cáceres | Municipio de Cáceres compró a testaferro un lote que supera 400 veces el valor de la hectárea

Por: Eli_Inspector [Tomado de analisisurbano.org]

El exalcalde de Cáceres en el periodo 2001-2003, Hugo de Jesús Barrera Gómez, investigado por la Fiscalía General de la Nación, por compulsa de copias de la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín, por su presunta relación con el jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, a quien le sirvió de testaferro, estando a su nombre 19 fincas, una mina, un lote y un apartamento, los cuales fueron incautados y se encuentran en extinción de dominio para la reparar a las víctimas.

Su condición de ganadero y negociante le sirvió al exalcalde Barrera Gómez para que en el año 2005 varios socios de la hacienda Candilejas, localizada en Cáceres, le vendieron un lote de 415 hectáreas por un valor de quince millones de pesos ($15.000.000).

Una década después, en 2015, vendería a precio de usura 59 hectáreas al municipio de Cáceres, compradas por el alcalde Ubaldo de Jesús Pacheco Julio, por mil cinco millones sesenta y cinco mil pesos ($1.005.065.000), a razón de diecisiete millones treinta y cinco mil pesos ($17.035.000) hectárea, cuando Barrera Gómez había comprado a treinta y seis mil ciento cuarenta y cuatro millones ($36.144).

La hectárea comprada por Barrera Gómez en 2005 supera en el precio en razón de 471 veces el valor de la hectárea, como si un una década hubiera aumentado de manera tan exagerada el valor de la hectárea en una zona de conflicto como es el Bajo Cauca.

Este negocio que debe ser revisado por los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Antioquia, además de ser objeto de investigación penal por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación.

En la Notaría Cuarta del Círculo de Medellín el 30 de noviembre de 2005 se dieron cita el comprador Hugo de Jesús Barrera Gómez, y los vendedores Germán Darío Solórzano Peláez, Néstor de Jesús Giraldo Ossa, Guillermo León Molina Molina, Raúl Eduardo Molina Osorio, Rubén Darío Arango Montoya, Gonzalo Ramírez Hoyos, Luis Bernardo Peláez y Heinz Simson Liefmann, representante legal de la sociedad Simson B. R. O. Ltda. [Ver Escritura 5063 de 2005]

El exalcalde de Cáceres Hugo de Jesús Barrera, señalado de haber sido testaferro del jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, por lo cual está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, además de encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado por parte de la Procuraduría General, por 5 años [desde el 1/06/2016 hasta el 31/05/2021], celebró en el año 2015 un contrato de compraventa de un lote con la Alcaldía de Cáceres, a través del alcalde Ubaldo Enrique Pacheco Julio.

Ubaldo Enrique Pacheco Julio fue elegido alcalde de Cáceres en elecciones atípicas celebradas el 11 de marzo de 2012, luego de la destitución e inhabilidad por 11 años de su hermano Benito Pacheco Julio por parte de la Procuraduría el 29 de diciembre de 2011, 3 días antes de posesionarse [1/ene/2012]. [Ver fallo Procuraduría]

El último año de gobierno el alcalde Ubaldo Enrique, quien gobernó en su cuatrienio con el eslogan “De la mano con mi hermano”, tomó la decisión de comprar un lote con el siguiente objeto: “será destinado única y exclusivamente para la conservación y protección de la microcuenca que surte el acueducto de la cabecera municipal de Cáceres”.

Lo particular del contrato de compraventa es el valor del predio: mil cinco millones sesenta y cinco mil pesos ($1.005.065.000), como consta en la Escritura Pública 115 del 22 de abril de 2015 y de la cual dio fe el Notario Único del Círculo de Cáceres, Álvaro Rafael Parra Colón. [Ver Escritura Pública 115 de 2015]

Otra curiosidad del contrato de compraventa entre el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez y el alcalde Ubaldo Enrique Pacheco, es que el dinero con el cual fue comprado el lote fue un empréstito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, conocido como el banco de los municipios pobres, como consta en el Acuerdo Municipal N° 006 del 4 de agosto de 2014: “Por medio del cual se autoriza la contratación de un empréstito”, aprobado por el Concejo de Cáceres.

El lote de terreno vendido al municipio de Cáceres tiene un área de 59 hectáreas y hace parte del inmueble denominado hacienda Candilejas, el cual tiene una cabida de 415 hectáreas, por lo que en manos del exalcalde Barrera Gómez aún quedan 456 hectáreas que podrá vender a un muy buen precio, teniendo en cuenta que se le encareció la tierra con el negocio con el municipio de Cáceres.

Cáceres es uno de los municipios de la subregión del Bajo Cauca más pobres y con mayores necesidades básicas insatisfechas de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación –DNP- con un 89% de su población en condiciones de pobreza y en el 2015 tuvo una cifra de 10.645 personas víctimas de desplazamiento forzado. En cuanto al cumplimiento en el componente de agua y saneamiento básico se encuentra descertificado, por lo que el agua no es potable ni apta para el consumo humano. [Ver ficha DNP_2015]

La Contraloría General de la República a través del Contralor Delegado para las Finanzas Públicas certifica que en el año 2016 el municipio de Cáceres superó en un 78,39% los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, siento la cifra total de recaudo de tres mil trescientos veintiochos millones setecientos treinta y dos mil ($3.328.732.000). [Ver Certificado Ley 617_vigencia 2016]

El recaudo en el año 2016 fue de $3.328 millones, mientras el negocio entre el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez y el alcalde Ubaldo Pacheco Julio por $1.025 millones. ¿Y dónde están las autoridades?