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viernes, 4 de mayo de 2018

Carteles narcos mexicanos están apoyando con armamentos al Clan del golfo y Caparrapos en el Bajo Cauca Antioqueño.


POLICIA NACIONAL

Redacción digital.

La verdad del pueblo lleva una lucha contra los grupos al margen de la ley, que ha azotado con violencia la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, ya que esta zona es importante para el narcotráfico. La proximidad con Córdoba y Urabá además de estar al pie del nudo del paramillo, a permitido a estos grupos sacar la hoja de coca del campo, pasarla fácilmente al laboratorio, procesarla en base y llevarla directamente al mar.

Estos grupos están tomando apoyo al parecer de carteles mexicanos, por el negocio de venta de drogas, que los caparrapos y el clan del golfo tiene con estos carteles extranjeros, según información el apoyo estaría siendo con armamentos nuevos que hace varios días recibió el frente Julio César Vargas del Clan del Golfo, que delinque en la zona, consiste en un cargamento de 50 fusiles con visión nocturna.

El informe conocido por Caracol Radio indica que en el mercado de armas cada unidad costaría unos 30 millones de pesos, lo que demostraría la capacidad económica, el soporte financiero y de equipamiento que están recibiendo las bandas criminales en esa zona de Antioquia, donde los homicidios se han incrementado en lo que va corrido de este año.

La información fue confirmada y ratificada por el Ejercito Nacional, por la captura de una mujer conocida como alias la “perra”, esta persona perteneció a las farc y reincidió, fue contratada por el Clan del golfo y en el momento de la captura, portaba este costoso armamento.

Hoy el Bajo Cauca, recobro la violencia por el negocio asociado a los cultivos ilícitos, esos espacios geográficos han despertado intereses en otras facciones violentas que quieren quedarse con el premio mayor con consecuencias nefastas. Las disputas de estos grupos están al orden del día grupos como el clan del golfo y los caparrapos, financiados por estos carteles mexicanos se disputan esa basta zona masacrando y desplazando a la población civil.

El informe de inteligencia que tiene el Ejército muestra que los sicarios o los informantes reciben 4 millones de pesos mensuales, mientras que, a los combatientes en las áreas rurales, los cabecillas pagan a hasta un millón doscientos mil pesos, y por ello es esencial que llegue la inversión social a la zona, recalcó Fernando Duran, comandante del Batallón de operaciones en el bajo Cauca.

[La Verdad del Pueblo]

martes, 1 de mayo de 2018

Paso restringido en vía Medellín - Caucasia a la altura del Bajo Cauca

FOTO TWITTER @carlosvargas182
MATEO ISAZA GIRALDO

La troncal que comunica a Medellín y al departamento de Antioquia con la Costa Atlántica (Córdoba, Sucre, Bolívar y cia) amaneció cerrada este martes por una pérdida de banca:



La falla en la carretera ocurrió en jurisdicción del municipio de Cáceres, en el tramo que comunica a Tarazá con Caucasia. Pasadas las 7 de la mañana se abrió paso a un carril, solo para vehículos pequeños, y se procedió a evacuar las filas de carros que esperaban en ambos sentidos de la carretera.

Juan Manuel Espinal, director regional de Invías, explicó este martes a Caracol Radio que a las 8:30 de la mañana la vía estaba parcialmente habilitada:

“Hay paso, la vía está en servicio. En la madrugada se restringió el paso de carga pesada por el riesgo que presenta la zona de falla en el carril habilitado para circulación. Es un ataque agresivo del río Cauca, no por una creciente, porque toda la corriente está recostada contra la vía.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) no especificó cuánto tardará en ser restablecido el paso a dos carriles en la troncal a orillas del Río Cauca.
Vías alternas

Para los transportadores que frecuentan esa vía o que tienen un viaje programado para las próximas horas la opción más conveniente es usar la carretera Medellín - Urabá - Montería.


[con informacion de El Colombiano]

jueves, 26 de abril de 2018

Criminalidad del Bajo Cauca antioqueño nos ha venido afectando: gobernadora de Córdoba

En lo que va corrido del año en Córdoba se han disparado los indicadores de homicidio, extorsiones y desplazamientos forzados.

Sandra Devia se refirió al incremento de homicidios en el departamento de Córdoba que superan las cifras del año 2017 para la misma fecha. Foto: Cortesía
En medio de un consejo de seguridad realizado en la ciudad de Montería, la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, señaló que el difícil momento que atraviesa el Bajo Cauca antioqueño en materia de criminalidad hoy estaría afectando al departamento que preside.

“La criminalidad del Bajo Cauca antioqueño nos ha venido afectando. Tenemos distintos problemas, en la zona costanera de extorsión, en la subregión del sur de Córdoba es más el desplazamiento forzado por la presencia de bandas criminales, son distintos problemas pero todos con un eje común. El narcotráfico ligado a los grupos criminales como el Clan del Golfo y a Los Caparrapos”, señaló la mandataria.

Así mismo, la gobernadora se refirió al incremento de homicidios en el departamento de Córdoba que superan las cifras del año 2017 para la misma fecha.

“Es una coyuntura que se genera por la desmovilización de las Farc, la lucha por la entrada en esas zonas de control de las rutas del narcotráfico, no solo Clan del Golfo y los golpes dados al Clan del Golfo, sino otras organizaciones y subestructuras criminales que delinquen en esta zona. Pero ese coletazo es un efecto colateral de la acción estratégica de la Fuerza Pública”, indicó la gobernadora.

Finalmente señaló que, una de las grandes conclusiones del consejo de seguridad realizado en Montería, será la implementación de un plan estratégico de inteligencia en conjunto con la Fuerza Pública y de igual forma mayor inversión social en los puntos más críticos de Córdoba, por la presencia de grupos armados ilegales.

[Con informacion de W Radio]

miércoles, 25 de abril de 2018

Al menos dos mil hombres de la Fuerza Pública refuerza seguridad en el Bajo Cauca

En la zona ya se han capturado 140 criminales. Una de las preocupaciones es la gran cantidad de desplazados.


El gobernador Luis Pérez aseguró que en el Bajo Cauca continúa un pie de fuerza con más de 2 mil miembros del Ejército, la Policía y la Fiscalía para recuperar la tranquilidad en la zona.
A causa de esa Fuerza Pública, los más de 3 mil desplazados que llegaron a los cascos urbanos de Tarazá, Cáceres y Caucasia han regresado en su gran mayoría a sus hogares.

Según el gobernador, ha brindado más confianza la presencia de los uniformados quienes están encargados de contrarrestar los enfrentamientos entre cuatro grupos armados ilegales en la zona.

"En estos municipios del Bajo Cauca, tenemos cerca de 2 mil hombres de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, para lograr controlar esa guerra que vienen librando allí el Clan del Golfo, Los Caparrapos, algunas bandas,  disidentes de las Farc y lo que queda del ELN en Antioquia", señaló el funcionario departamental.

Las autoridades  informaron que este año ya se han capturado 140 integrantes de Los Caparrapos, el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y guerrilleros del ELN que causan la zozobra en el Bajo Cauca antioqueño.

A pesar de eso, el gobernador confirmó que todavía hay más de 1.200 personas que se desplazaron de esa región a Medellín y aún no se avizora un retorno.

Desplazados en Tarazá

En tres meses, mil 800 personas se han desplazado en Tarazá, Antioquia, por amenazas y enfrentamientos de bandas criminales. El comercio está funcionando con intervalos de tiempo. Este año, han ocurrido 53 homicidios en el municipio. 

La alcaldesa Gladys Miguel Vides, confirmó que el comercio está funcionando con intervalos de tiempo, por miedo a los enfrentamientos entre las bandas criminales. 

Destacó que pese a la complejidad en la zona, entre ayer y hoy ya se ven más personas transitando en las calles y haciendo sus mercados, pues la mayoría de las familias se sentían “encerradas” en sus propias viviendas. 

La racha violenta continúa pese al apoyo de la Fuerza Pública.  En la zona rural hay 500 soldados, mientras en el área urbana hay otros 140 uniformados. 

Recordemos que la semana anterior, soldados del Batallón Rifles del Ejército e integrantes del Clan del Golfo sostuvieron un combate en el corregimiento La Caucana, ubicado a tres horas de la zona urbana de Tarazá. Tres presuntos delincuentes murieron, mientras que un uniformado resultó herido.
[con información de RCN Radio]

lunes, 23 de abril de 2018

El acueducto comunitario que se niega a desaparecer en el Bajo Cauca

Desde hace 33 años, la comunidad de San Cayetano ha conservado la quebrada que lleva el mismo nombre y que abastece de agua a 6.000 habitantes. La guerra nunca fue impedimento para que los pobladores lo mantuvieran. 

Algunas personas han realizado quemas en la zona alta de la cuenca para volverlas potreros para cultivos. / Organización Trópico Diverso.
Por: Paula Casas Mogollón

A lo lejos, desde la punta de la montaña de San Cayetano, en una pequeña vereda del corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, a nueve horas de Medellín, se ve el nacimiento de una quebrada que lleva el mismo nombre y que abastece al acueducto comunitario. Los habitantes durante años han tratado de conservarla como su mayor tesoro, ya que es su fuente de vida. Se han enfrentado a la guerra, al abandono de los entes estatales, al señalamiento y amenazas de grupos al margen de la ley, para poder protegerla.

La lucha no ha sido fácil y la guerra no logró hacerlos desistir de su sueño: construir un acueducto comunitario. La zona fue epicentro de combates durante más de 35 años. Su ubicación y condición geográfica sirvió como punto estratégico para que la extinta guerrilla de las Farc y los paramilitares se enfrentaran por el territorio del Bajo Cauca antioqueño. San Cayetano pagó por décadas el precio más alto del conflicto armado: muerte, olvido y desesperanza, los bombardeos los dejaron hace años sin escuela y puesto de salud, y fue la subregión que más desplazados puso.

El acueducto comunal de San Cayetano, que abastece no sólo a la vereda, sino también al corregimiento de Puerto López, igualmente ha sido víctima de la violencia. Fue creado hace 33 años por la Junta Seccional de Salud, que se encargó de poner los materiales y de construir la red de alcantarillado, mientras que la comunidad aportó la mano de obra. Se convirtió en la vida de los habitantes, quienes todos los días subían hasta la punta de la cuenca para hacer mantenimiento.

Esa vida se fue apagando con la guerra. En el 2000 llegó al corregimiento el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alías Macaco, con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, en busca de poder y territorio. Los constantes enfrentamientos con la extinta guerrilla de las Farc llevaron a que la comunidad abandonara la vereda y se trasladara a la cabecera de Puerto López. El acueducto, por unos días, se quedó solo. Los grupos al margen de la ley veían en la punta de la cuenca su mayor fortín; además de tener un bosque rico en biodiversidad, estaba a su disposición una quebrada con unos niveles mínimos de contaminación.

Aquel fortín se fue desvaneciendo. La comunidad no estaba dispuesta a entregar su tesoro. Carlos Restrepo, a sus 75 años, tiene vigentes los estragos de la violencia en San Cayetano y recuerda con nostalgia lo difícil de aquella época. Solo dos o tres habitantes de San Cayetanotenían permiso de los paramilitares para subir a la cuenca y hacer el mantenimiento, pero en algunas ocasiones les impedían el acceso porque los subversivos pensaban que estas personas podían llevar información a las Farc. “Si uno les pedía que pagaran por el agua o si se la quitábamos, nos insultaban, eran muy vulgares con nosotrosNos decían que nos robábamos la plata e incluso trataron de quitarnos el acueducto”, relata con indignación Restrepo, quien comenzó hace 20 años como fontanero y ahora es el presidente de la Asociación Comunitaria del Acueducto de Puerto López (Acompadeplo).

Más allá de la violencia, el abandono estatal ha sido quizá el peor flagelo de esta población. El mantenimiento del acueducto no es tarea fácil, la escasez de recursos y de dinero suele pasarles factura. “Lo que tenemos ha sido por cuenta de la misma comunidad. Ellos tratan de ayudar con la mano de obra, hacen rifas y venden cosas para aportar materiales. A veces, de tanto insistirle al alcalde de El Bagre que colabore, nos regala tubos”, señala Restrepo.

No es mucho lo que les cobran a las familias por el servicio. El precio oscila entre los 8 mil y 12 mil pesos mensuales, dependiendo de la capacidad económica de cada una. Con ese dinero les pagan un salario mínimo al fontanero y a la secretaria. Los otros cinco líderes (incluido el presidente de Acompadeplo) trabajan sin ninguna remuneración, de vez en cuando los vecinos les dan viáticos por su labor. A pesar de que el agua no es tratada, el bajo nivel de contaminación posibilita que sus habitantes la puedan consumir. A los barrios María Auxiliadora, El Prado y San Marcos este líquido no alcanza a llegar, por la falta de tuberías. Uno de sus objetivos es que estas personas se unan a los 6.000 beneficiados.

La calidad y la pureza del agua se han visto afectadas recientemente con el retorno de las familias desplazadas por la violencia. “Hace dos años comenzó el regreso y han estado sin acompañamiento en este proceso. Más de uno encontró su finca destruida y deben hacer cualquier cosa para subsistir”, aclara Uldarico Urango, tesorero desde hace cinco años del acueducto. La minería y las ganadería son las actividades a las que se dedican para sobrevivir, lo que ha hecho que en varias oportunidades el agua salga de color café, afectando los nacimientos de la quebrada.

La quebrada San Cayetano tiene cinco nacimientos, de los cuales tres se encuentran sin cobertura forestal, lo que está generando que su caudal disminuya notoriamente. Hasta el momento ha bajado un 30 %.“En la parte alta de la cuenca, donde hay algunos nacimientos, se están realizando quemas para el establecimiento de cultivos que, posteriormente, se vuelven potreros. Hace un año, solo una persona taló 30 hectáreas”, sostiene Urango, quien reitera que la agricultura no es una alternativa para sobrevivir, por el estado tan deplorable de las vías.

De las 1.200 hectáreas de la cuenca, 75,6 pertenecen al acueducto. No han sido taladas porque están bajo protección de la asociación que, de la mano de la Organización Trópico Diverso, ha comenzado a plantar árboles para encerrar la cuenca y proteger el ecosistema que durante años los ha abastecido de este líquido vital. “Hay personas que han donado un pedazo de su tierra, donde se encuentran los nacimientos de la quebrada, para preservar el agua y su cuidado. En conjunto con ellos queremos incentivar la reforestación y la piscicultura como estilo de vida”, comenta Mariela Ríos, promotora de la ONG.

La Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés), un organismo internacional, se ha convertido en el ángel de la guarda de los habitantes de San Cayetano. Donaron una alberca para decantar y drenar el agua y así prestar un mejor servicio. Los días pasan y los pobladores anhelan que algún ente estatal nacional se fije en su problemática, ya que de seguir así, solo les quedará un año de agua proveniente de la quebrada.

[con informacion  de El Espectador]

Hay paso restringido en dos sitios de la vía Medellín-Caucasia

En los sitios hay controles y monitoreos en el comportamiento de las calzadas.
Daño en vía / 

CARACOL RADIO

Con pasos restringidos se encuentra la vía de Medellín a la costa atlántica en los municipios de Cáceres y Valdivia, en la zona del bajo cauca en Antioquia.

El deterioro en la banca debido a las crecientes del río Cauca tiene con paso restringido en el kilómetro 89, 50 metros del municipio de Cáceres.

Las autoridades advierten que las aguas han causado erosión en el terreno…

También hay problemas en el sitio la Frisolera en el municipio de Valdivia hacia Tarazá, donde parte de la banca está a punto de colapsar, lo que tiene cerrado una calzada, y aplican paso de los vehículos por un solo carril.}

En el lugar cedió el terreno en el costado izquierdo en sentido hacia la costa norte del país lo que impide el normal flujo vehicular.

Las autoridades viales mantienen tránsito restringido de vehículos entre esas localidades y constantes monitoreos a la evolución de las lluvias y las crecientes del río Cauca en los sectores afectados.

En caso de cierre total, la alternativa para viajar a la costa sería por la troncal de Urabá y empalmar con Montería para retornar a la troncal Medellín-Cartagena

[con informacion de Caracol Radio Medellin]

jueves, 19 de abril de 2018

Policía del Bajo Cauca pide más denuncia ciudadana contra el crimen

Un campanero de bandas criminales del Bajo Cauca recibe un sueldo de un millón doscientos mil pesos y un celular.



Caracol Radio Medellín

Pese al aumento en el número de hombres de la fuerza pública en el Bajo Cauca, especialmente en el municipio de Tarazá, los hechos violentos continúan casi a diario en algunos municipios, reconocen las autoridades.-

Sin embargo, la Policía en esa subregión también admite que la mayor dificultad para que las autoridades tengan una reacción más rápida y eficaz, es la falta de colaboración ciudadana, lo que estaría soportado en el terror que han implantado las bandas criminales en esa localidad.

Hace pocos días, la dirección de la Policía y la seccional en Antioquia enviaron otros 40 uniformados al municipio de Tarazá para reforzar la seguridad en el área urbana, con lo cual esa presencia policial supera los 140, y, además, permanece activa la red de informantes, pero ejercer el control es cada vez más difícil.

“Pero en este momento es muy complicado: el homicida puede estar parado ahí, pero nadie lo señala y sí hay un temor muy grande por que como aquí todo lo solucionan es a bala… La comunidad la verdad se ha dedicado es al silencio, ese es el factor que ellos nunca han podido superar, este tipo de violencia en la región. Entonces no le dicen a uno si se fue, como iba, qué ropa tenía, cómo se fue, nada”, enfatizó el coronel Daniel Mazo, comandante de la policía en el Bajo Cauca.

Estrategias criminales

El oficial también develó otra estrategia de los ilegales para evadir a las autoridades: el cambio o rotación periódica de los sicarios, con la intención de que no sean identificados por los investigadores que actualmente trabajan en la zona tratando de llevar a los estrados judiciales a los responsables de los crímenes.

“Los sicarios los cambian, no son de la localidad… cuando nosotros ya tenemos más o menos ubicada una persona y estamos reuniendo todo el acervo probatorio para entrar a judicializarlo, lo cambian y llevan uno nuevo y volvemos a empezar de cero en este trabajo”, recalcó el oficial.

Reconoció que los llamados “campaneros”, personas civiles que informan a los cabecillas de las bandas criminales todos los movimientos de las autoridades, es otro problema que afrontan las autoridades.

Caracol Radio conoció que estas personas reciben un salario mensual de hasta un millón doscientos mil pesos y un celular con minutos, solo para que hagan esa actividad de dar información sobre las actuaciones de la policía y el ejército.

[con informacion de Caracol Radio Medellin]