Alias “el Indio”, tercero de “los Urabeños”, murió en combates

POR SANTIAGO CÁRDENAS H. Y NELSON MATTA 

El tercero al mando de la banda criminal “los Urabeños”, Manuel Aristides Meza Páez, alias “el Indio”, murió en la mañana de este miércoles durante un operativo conjunto de la Dipol y Fuerzas Especiales del Ejército.

Según indican las primeras versiones, el golpe se llevó a cabo a las 9:00 de la mañana en zona rural del corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelíbano, Córdoba, aunque todavía el operativo continúa.

Alias “el Indio”, oriundo de Turbo, Antioquia, es uno de los narcos más buscados de Colombia y del continente. Estaba en la Lista Clinton y fue pedido en extradición por una corte federal de Estados Unidos. Tenía orden de captura por los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción a vías públicas y homicidio, además registraba notificación azul de Interpol.

La Policía lo señala de coordinar varios planes pistola y de un intento de asesinato de fiscales y oficiales que participan en la Operación Agamenón. Así mismo, sería el principal delegado de “los Urabeños” para el manejo del narcotráfico que sale hacia mercados europeos desde la Costa Caribe, desde Urabá a La Guajira.

“Alias “el Indio” era el responsable del tráfico internacional de cocaína; coordinador de las estructuras con influencia en la costa Caribe y Pacífica compuestas por cerca de 2.000 integrantes. Tenía influencia criminal en la costa Caribe y Pacífica, los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, San Andrés, parte del Urabá y el bajo Cauca Antioqueño”, afirma el Ministerio de Defensa, que confirmó la operación.

Las autoridades señalan también que era el encargado del pago de nóminas de todos los integrantes de esta banda criminal a nivel nacional, por lo que ofrecían 500 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

En 2015 le ocuparon propiedades por más de 200.000 millones de pesos ubicadas algunas en Antioquia.

El “Indio”, de 49 años de edad, se desmovilizó del bloque Centauros de las Autodefensas, bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”.

[con informacion de El Colombiano]

Grupos armados causan confinamiento en 20 veredas del Bajo Cauca

En lo que va del año, 2.000 campesinos han sido desplazados de sus hogares.

Los hostigamientos y homicidios selectivos de grupos armados ilegales causan el confinamiento de decenas de familias en más de 20 veredas de Cáceres, Tarazá y Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño.

Según las autoridades, estos grupos son la guerrilla del ELN, Los Caparrapos y el Clan del Golfo quienes sostienen reiterados combates por quedarse con el control territorial, donde hay alta presencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal. Lo que ha ocasionado durante todo el año un desplazamiento masivo de al menos 2.000 personas.

Según un líder campesino, los hombres armados amenazan a las familias que no lograron salir, de que si se van ya no pueden regresar. Lo que tiene en zozobra a esas veredas sobre todo en Alto El Tigre, Anará, Los Azules y Los Mangos.

La alteración al orden público del Bajo Cauca cada vez es más compleja, tanto así que el defensor del Pueblo de Antioquia, Jaime Zapata, advirtió que 1.500 desplazados de la zona ya se albergan en Medellín y la capacidad de atención se podría desbordar.

El Ejército anunció que se desplegaron 1.030 soldados en esas veredas del Bajo Cauca para controlar el territorio y capturar a los responsables de causar la zozobra. Sin embargo, los campesinos señalan que no ha visto la presencia militar en las zonas más alejadas.

[con informacion de RCN RADIO]

Refuerzan Operación Agamenón contra Clan del Golfo en Bajo Cauca

Combatirán a las bandas criminales, Clan del Golfo y “Los Caparrapos”.

EJERCITO NACIONAL

Debido a los reiterados hechos de violencia que se han reportado en la subregión del Bajo Cauca, la fuerza pública y el gobernador de Antioquia acordaron reforzar la seguridad, en los próximos días llegaran a la zona 3 mil hombres del ejército, policía e investigadores judiciales.

Las autoridades buscan combatir a las bandas criminales, Clan del Golfo y “Los Caparrapos”, los cuales han cometido desplazamiento y homicidios, entre ellos líderes sociales.

La estrategia que adoptarán en esta zona de Antioquia será otra fase de la Operación Agamenón, que está en marcha en la zona de Urabá.

Los grupos ilegales tienen una cruenta disputa por territorio y las rentas criminales, entre ellas, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.

“Se van a desplazar también varios helicópteros artillados, y armamento especial, con el fin de atender esta zona lo más pronto posible y dar unos buenos resultados. La Policía y el Ejército y los organismos de seguridad, están optimistas en que en estos próximos quince días, se pueda tener un control total de la zona”, explicó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

El mandatario también indicó que los investigadores tratarán de capturar a los responsables de los homicidios de los líderes sociales, y de las demás muertes causadas por la guerra entre ilegales.

En el municipio de Caucasia, donde se concentrará la Operación Agamenón, esa violencia ha llevado a ataques armados que dejan varios muertos y heridos, entre ellos menores de edad.

[con informacion de Caracol Radio]

Otro líder asesinado en el Bajo Cauca antioqueño

Otro líder social fue asesinado en el Bajo Cauca Aantioqueño. Esta vez fue en una finca en  zona rural del municipio de Cáceres. Este es el segundo crimen de un líder en menos de una semana.

El crimen ocurrió cuando el líder social Víctor Zábala se encontraba en su finca en la vereda Jagua, zona rural de Cáceres y dos sujetos armados  le dispararon delante de su familia. Era reconocido por su labor en el Bajo Cauca antioqueño.

El vocero de Nodo Antioquia, ONG de Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, Óscar Yesid Zapata, aseguró: ‘’este líder era presidente de su Junta de Acción Comunal (JAC),  y además era promotor de la sustitución de cultivos en su territorio, hacía parte del programa”.

Este es el sexto líder social asesinado en Antioquia en lo corrido del 2018, las autoridades están alerta por la presencia de grupos armados en el Bajo Cauca, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC),  ‘’Los Caparrapos’’ y  la disidencia de las Farc.

“La Dirección de Crimen Organizado, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Ciscalías de Antioquia, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional han estado realizando reuniones periódicas en el sector del Bajo Cauca, precisamente con el fin de establecer cuáles son esas estructuras que se encuentran allí delinquiendo con el fin de reducir el homicidio, con el fin de reducir la extorsión, que son los delitos que vienen afectando precisamente esa comunidad del Bajo Cauca’’, manifestó la directora nacional de fiscalías contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla Minami.

La preocupación es aún mayor para los defensores de Derechos Humanos, pues otros 88 líderes en Antioquia tienen amenazas de muerte.

[con informacion de Canal 1]

Al menos 300 desplazados del Bajo Cauca permanecen autoalbergados en Medellín

En los últimos dos meses se han desplazado más de 1.500 personas en Cáceres.

Foto: Organización Indígena de Antioquia, OIA.

La Personería de Medellín confirmó que 300 campesinos llegaron a la capital antioqueña tras el abandono forzado de sus hogares en Tarazá, Cáceres y Caucasia, donde persisten los hostigamientos de grupos armados como el Clan del Golfo, Los Caparrapos y la guerrilla del ELN.

Esas familias ya solicitaron ayudas humanitarias al ente del Ministerio Público, pero se hospedan donde parientes en el área metropolitana o con sus propios recursos. Sólo 45 personas se encuentran en un albergue.

Así mismo, se advirtió que más desplazados partieron hacia otras regiones del país como Bogotá, Cali y la costa Caribe. Lo que indicaría que serían más de 800 las víctimas de desplazamiento en esa región, como lo informó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

El personero delegado para los Derechos Humanos de Medellín, Juan Fernando Gómez, aseguró que ya se brinda acompañamiento a estas víctimas del conflicto.

La Personería de Medellín hizo un llamado a las autoridades departamentales y a la Fuerza Pública para que se implementen acciones que permitan atender a la población desplazada y el retorno a sus hogares.

Por esa crisis humanitaria que se está formando, la Unidad de Víctimas convocó para hoy a las 8:30 de la mañana una reunión extraordinaria con la Personería para emprender acciones frente a esta problemática

[con información de RCN Radio]

Preocupante entorno de violencia que vive hoy el bajo cauca antioqueño.

Desde que comenzó el año la situación de orden público no ha mejorado en lo absoluto, al contrario, parece que cada día estos grupos se fortalecen más y pareciera que no hay nada ni nadie que los pueda detener.

La Verdad del Pueblo 

Extorsiones, Homicidios, desplazamientos, Masacres, Fronteras invisibles, y vinculaciones directas con los gobiernos municipales, es el marco que se refleja hoy en esta subregión del Bajo Cauca Antioqueño. 

Hace pocos días se conoció la denuncia de una víctima, cansada, indignada de la persecución, las amenazas, y extorsiones que tienen estos grupos hacia la población civil de Caucasia, Cáceres, y Valdivia: según la víctima estos grupos les cobran la vacuna a productores lecheros, docentes que trabajan en corregimientos cercanos, hasta los contratistas de obras de las vías.

Es increíble el poder que poseen estos grupos al margen de la ley y de como imponen la ley a su manejo, pues pareciera que andan como perros por su casa, según defensores de derechos humanos el escenario es tan tenso que los grupos criminales demarcaron las llamadas fronteras invisibles y hasta establecieron horarios para transitar.

El coordinador de Nodo Antioquia, Óscar Yesid Zapata, sustentó que un gran número de homicidios en esas zonas es por pasarse esos límites, donde los grupos armados se disputan los cultivos ilícitos.

Estos grupos paramilitares realizan patrullaje, y van de vereda en vereda amenazando a las personas, cometiendo homicidios como el que paso en santa rosita el pasado domingo, las mismas víctimas denuncia y dicen que se les puede ver uniformados y portando armas largas, y cortas es algo supremamente preocupante ya que existe presencia de la fuerza pública en la zona.

La defensoría afirmó que alrededor de 30 hombres con armas largas se han desplazado con facilidad por la zona rural del Bajo Cauca.

La lucha, dice, se centra en apropiarse del territorio y de los negocios del microtráfico, narcotráfico, cultivos de coca y extorsión, que se traducen en ganancias mayúsculas de dinero.

[La Verdad del Pueblo]

Procuraduría suspendió por 3 meses a alcalde de El Bagre

Cortesía

Como lo reveló en EXCLUSIVA el periódico LA VERDAD DEL PUEBLO el pasado lunes 12 de marzo, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de suspender al alcalde de El Bagre para el periodo 2016-2019, Ángel Mesa Castro.

En el oficio enviado por la doctora Nubia Rubio Suárez, Coordinadora Seccional Antioquia de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales –DNIE-, el cual fue notificado al alcalde por la Personero Municipal, se lee:

[…] En su calidad de investigado, dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número citado en el asunto (IUS-2017-528838), comedidamente le comunico, este Despacho mediante Auto del ocho (8) de marzo de 2018, resolvió suspenderlo por el término de tres (3) meses, sin derecho a remuneración […]

Con esta decisión, notificada el pasado lunes, el alcalde Mesa Castro deberá dejar su cargo a la espera de la decisión de la Procuraduría si prorroga la suspensión por otros tres (3) meses o toma acciones disciplinarias en cuanto a su destitución e inhabilidad por faltas disciplinarios como funcionario público.

Providencia que motiva la suspensión por tres (3) meses del alcalde

El Gobernador de Antioquia deberá nombrar un alcalde interino, a la espera de la terna enviada por el partido Opción Ciudadana, el cual avaló a Mesa Castro, designando un alcalde (e) mientras dure la suspensión.

Alcalde de El Bagre sería suspendido por la Procuraduría

Fuente: tomada de Internet

El periódico LA VERDAD EL PUEBLO conoció que en los próximos días se podría producir la SUSPENSIÓN TEMPORAL del alcalde del municipio de El Bagre, Ángel Mesa Castro, quien está siendo investigado disciplinariamente por la Secciones de Investigaciones Especiales de Antioquia, una dependencia de la Procuraduría General de la Nación. [Leer investigación]

El proceso de radicado 2016-399747 fue puesto en conocimiento del ente de control por parte de un anónimo, teniendo como objeto:

[…] queja contra el alcalde municipal, Ángel Mesa Castro, Secretario de Planeación, Roimir Durán Maury, Secretario de Gobierno José Antonio Cerpa del municipio de El Bagre y a los concejales que aprobaron a favor el acuerdo municipal que aumento las tarifas en más de un 300% y las demás personas vinculadas”.

La última actuación por parte de los investigadores de la Procuraduría fue realizada el 1 de noviembre de 2017, consistente en el trámite de Etapa Probatoria Investigación Disciplinaria.

Fuentes consultadas y que conocen el proceso disciplinario le confirmaron a LA VERDAD DEL PUEBLO que se está a la espera de la notificación personal por parte del alcalde Mesa Castro, quien quedaría suspendido por el término de tres (3) meses mientras se adelanta la investigación de fondo, evitando que interfiera en el proceso. Tal decisión se enmarca en el Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002.

El alcalde Mesa Castro afrontaría actualmente catorce (14) investigaciones disciplinarias, las cuales pueden consultarse en la página web de la Procuraduría General de la Nación.

De producirse la suspensión temporal del Gobernador de Antioquia deberá nombrar un alcalde interino, a la espera de la terna enviada por el partido Opción Ciudadana, el cual avaló a Mesa Castro, designando un alcalde (e) mientras dure la suspensión, la cual podría ser prorrogable según el criterio del ente disciplinario.

Unas 450 familias desplazadas regresan a sus hogares en el Bajo Cauca

La presencia de la fuerza pública y la ayuda económica habrían contribuido al retorno de las familias.

Blu Radio. Familias desplazadas en Cáceres / Foto: Unidad de Víctimas

Por: Mateo Vahos - CV

Después de cerca de un mes de asentados en el casco urbano del municipio de Cáceres ante el desplazamiento por la presencia de grupos armados ilegales, en buses destinados por la Alcaldía del municipio, al menos 450 campesinos de las veredas Anará, la Porcelana, y Astilllero tomaron la decisión de regresar voluntariamente a sus viviendas este fin de semana.

Así lo confirmó el defensor del Pueblo del departamento, Jaime Zapata, quien afirmó que la presencia de uniformados de la Policía y el Ejército en la zona ha permitido que las familias se sientan más seguras para volver a habitar sus casas.

Además, con la ayuda económica de 200 mil pesos mensuales por parte de la Unidad de Victimas, han logrado comprar los alimentos necesarios para su regreso.

Asimismo, el defensor aclaró que jurídicamente no se podría hablar de retorno, pues aún no estaría planeado por parte de las entidades gubernamentales. Se espera que para las próximas horas aumente el número de familias que regresen a las veredas a intentar retornar a la tranquilidad.

[Con información de Blu Radio]

La corrupción electoral rampante en Antioquia (Bajo Cauca- Barbosa)

Bacrimpolítica, participación indebida en política, exceso de gastos electorales y hasta constreñimiento al elector es lo que se vive en la tierra de la bandeja paisa.

Por: ARIEL AVILA.

Son tres los ejemplos: el primero y más dramático se vive con el candidato al Senado por el Partido Liberal Julián Bedoya, quien no solo está envuelto en el escándalo del Sena, donde se determinó que al menos una regional estaba presionando a los funcionarios para votar por este candidato, lo que llevó a la suspensión del director regional. Sino también y tal vez lo más complicado es la relación de Bedoya con José Mercedes Berrío, alcalde de Cáceres, Antioquia, capturado el 30 de enero de 2018 por concierto para delinquir agravado, pues tendría nexos con el Clan del Golfo. A continuación se ve la foto de Bedoya en Caucasia en la audiencia de legalización de captura, donde se dio imputación e imposición de medida de aseguramiento. Esto fue el 31 de enero de 2018.

Foto 1: El congresista liberal Julián Bedoya Pulgarín (izquierda de cuadros) y el exdiputado y exsecretario de hacienda Adolfo León Palacio Ramírez. Foto 2: Julián Bedoya a las afueras de los juzgados en Caucasia.

A continuación se ve a la primera dama del municipio de Cáceres con Julián Bedoya. La información recogida en terreno indica que la administración municipal le trabaja a Bedoya. Además no se debe olvidar que al menos en Cáceres y Taraza nadie puede ser político sin la bendición del Clan del Golfo. 

Según la Fiscalía, Mercedes Berrío, tendría nexos con el frente Virgilio Peralta del Clan del Golfo que opera, sobre todo, en la región del Bajo Cauca antioqueño. Esa estructura es la responsable del desplazamiento de cerca de 1000 personas las últimas dos semanas de las veredas Campanario, Ponciano, Buenos Aires Veracruz, Tamaná y El Tigre de Cáceres. En su momento Berrío fue el líder principal de la campaña de Bedoya en 2014, cuando le habría ayudado a conseguir ceca de 400 votos.

Pero por si fuera poco, Julián Bedoya aplica estas prácticas en otros municipios, por ejemplo el siguiente comunicado habría salido de la alcaldía de Caldas Antioquia. Léase el último párrafo.

No debe olvidarse que desde el año 2001 casi todos los alcaldes de Cáceres han pasado por la justicia y también desde ese momento para ser alcalde se requería la bendición de los bandidos, para principios del milenio de Cuco Vanoy  y ahora del Clan del Golfo. Por cierto por allá no se ve un solo militar y la Policía es como si no existiera.

El otro caso es el del municipio de Barbosa, Antioquia, un alcalde pasó de ser una persona pobre, con deudas y necesidades, a ser un hombre muy rico en solo dos años. Tal como se ve en el reportaje de SEMANA. Algo no cuadra en la historia del adinerado alcalde de Barbosa.

Pero lo increíble viene pasando desde hace algunos días. Este alcalde Édison García Restrepo con todos los líos con la justicia y disciplinarios que tiene, ha optado por blindarse política y jurídicamente, para eso dividió el municipio en varios distritos electorales. A Cambio Radical y en especial Guillermo Palacio le pone la mayoría de los votos. Según fuentes en terreno Palacios dice tener con Cambio Radical la posibilidad de parar o engavetar procesos en la Fiscalía General de la Nación. En la siguiente foto se ve a la primera dama del municipio Duvernely Jiménez en un evento con Palacios. También allí el directivo de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez.

El otro candidato que apoyan es al Flaco Mejía del Partido Liberal y a Omar Hoyos. A continuación se ve a la misma primera dama en un evento político. 

La primera dama de Barbosa se la pasa de evento en evento político con diferentes candidatos, llevan la misma gente a todos los eventos, es algo así como una estafa política.

En Caucasia ocurre exactamente lo mismo, el alcalde Óscar Suárez,  que ha tenido denuncias de todo tipo, incluidas de asesinato y relaciones con grupos criminales, está apoyando a Palacios, igualmente en entrevistas en terreno se dice que Palacios le garantizó que no le va a pasar nada en Fiscalía.

[Con información de Revista Semana]

Situación en Bajo Cauca antioqueño se pudo prevenir, según líderes sociales

Desde 2017, se había advertido sobre el riesgo de desplazamientos masivos en municipios como Cáceres, Antioquia. El Gobierno Nacional no hizo nada, sino hasta que la Defensoría emitió una alerta nacional el pasado 22 de enero.

Archivo El Espectador

Por: Natalia Tamayo Gaviria

La situación de orden público en la región del Bajo Cauca antioqueño es un tema que, desde 2017, los líderes sociales de la zona la habían alertado. La petición al Gobierno Nacional por parte de ellos y de grupos sociales que trabajan allí ha sido que haya mayor presencia de Fuerza Pública para evitar los homicidios y el desplazamiento forzado, provocado por la presencia de bandas criminales y grupos ilegales que se encuentran en una disputa territorial.

El 22 de enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional sobre desplazamientos masivos en el Bajo Cauca antioqueño y en otros departamentos como Córdoba, Boyacá y Casanare. Más de mil personas, en solo cuatro días, se movilizaron de sus casas debido al temor de quedar en medio del fuego entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc. 

Antes de cumplirse el mes de esta alerta, entidades de la ONU, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Agencia para los Refugiados (Acnur), junto al Consejo Noruego de Refugiados y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, hicieron un llamado de alerta ante "la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia)”.

“El Gobierno Nacional no le había prestado atención a la situación como se la están prestando ahora. Y es por un tema muy importante y muy desafortunado: el desplazamiento. Han sido más de 1.600 personas desplazadas, eso es lo que hizo que llamara la atención a nivel nacional. Eso ya se sabía. Eso ya se veía venir”, dijo a El Espectador Leiderman Ortiz Berrío, defensor de derechos humanos y líder social de Caucasia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Antioquia, hasta el 22 de febrero, se han desplazado 1.569 personas hasta la cabecera municipal de Cáceres. Huyen de los enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de las rutas del microtráfico en la zona.

“El Bajo Cauca ofrece unas dinámicas muy particulares. La explotación de los recursos mineros; la insurgencia de las Farc que tenían unas rutas hacia la parte del sur de Córdoba, otra hacia el sur de Bolívar. Por esos montes y por esas vertientes de las cordilleras existen todas unas rutas que les permiten y les facilitan justamente el comercio o el tránsito de sustancias de uso ilícito hacia determinados lugares. Por lo que les posibilita conectarse con el occidente, el oriente de Antioquia y también pueden conectarse con el departamento de Córdoba y directamente con la ciudad de Medellín”, explica Óscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Esa posición estratégica con la que goza el Bajo Cauca, lo convirtió en un epicentro para las bandas criminales, que operan desde ahí. A eso se le suma la proliferación de la minería ilegal y de la siembra de los cultivos ilícitos. “El microtráfico de los cultivos ilícitos que están en esa parte y la minería ilegal son los flagelos que sufre Cáceres”, describe Victoria Eugenia Ramírez, secretaría de Gobierno de Antioquia.

Toda esta situación se ha venido recrudeciendo desde la fragmentación interna de esos grupos ilegales organizados, lo que propicia una nueva guerra por el control de la zona.

“El Bajo Cauca es un fortín de la extorsión en el que ellos cobran las vacunas, tanto en el comercio como en la ganadería; es un fortín por la minería informal, el microtráfico, los cultivos, los laboratorios y los corredores que manejan los grupos ilegales, fundamentales para transportar y vender la droga”, dice Ortiz Berrío.

Desde que se asentó el problema, los líderes sociales lo han denunciado y han pedido que se planifique toda una estrategia militar que contrarreste los efectos nefastos que ha traído el paramilitarismo y el narcotráfico a la zona.

“Miembros de la comunidad hace meses habían avisado de la situación porque veían la presencia de grupos, sus movimientos y fortalecimientos. Su experiencia de vivir en medio de la guerra hace muchos años les decía que su vida iba a estar en riesgo”, cuenta zona Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados.

Ellos lo veían venir, pero las autoridades departamentales y nacionales no hicieron nada para prevenirlo. Solo lo hicieron cuando las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo lanzaron las alertas de riesgo de desplazamientos masivos. Entonces, activaron un protocolo de contingencia.

Una vez que se movilizaron más de 1.500 personas, la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional activaron un plan de choque para enviar 300 uniformados a la zona, crear comisiones especiales para brindar atención humanitaria a las víctimas desplazadas (albergues, salud alimentaria, agua potable, acceso a servicios públicos y educación) y una petición a la Registraduría Nacional para trasladar los puestos de votación de las zonas veredales al casco urbano. 

“Estas acciones no han sido suficientes, ni eficientes. Nosotros no somos expertos en seguridad y no podemos darles consejos de cómo proteger a las comunidades, pero es claro que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes, porque hay más de 1.500 personas directamente afectadas y quién sabe cuántos otras están en situación de inseguridad”, manifestó Visnes.

[Con información de El Espectador]