La situación más compleja se
presenta en Cáceres y Tarazá por enfrentamientos entre bandas criminales.
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| Unidad de víctimas |
La Unidad para la Atención y reparación a
las víctimas censó a 531 personas de 203 familias desplazadas de los municipio
de Cáceres y Tarazá por enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan
el control de la zona.
Estas familias, por temor a que sus vidas
se vean comprometidas, se niegan a regresar a sus hogares, además las
autoridades ya advirtieron que no están dadas las condiciones para un seguro
retorno por lo que les están ofreciendo ayuda interinstitucional de manera
temporal.
“Aún no hay condiciones para retornar,
podríamos decir que la situación en el Bajo Cauca es muy compleja por la
disputa de territorio entre bandas criminales y eso ha afectado la movilidad
desde las zonas rurales a la úrbanas”, dijo Jorge Mario Alzate director de la Unidad
de Víctimas en Antioquia.
En Tarazá además se reporta el
desplazamiento de 45 familias que viven de la actividad minera y a quienes les
prohibieron retornar a esta actividad.
“A estas familias las bandas ya les dieron
restricciones de que no pueden volver a su actividad económica, hay una
situación tensa en la zona”, añadió el funcionario.
Sin embargo para brindar ayuda a estas
personas, en esta subregión se encuentra una delegación de la Gobernación, la
Agencia de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Acnur, entre otras para apoyar en cuanto a
alojamiento, alimentación, salud y acceso a educación.
[con informacion de Caracol radio Medellin]
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