 |
| De acuerdo con el informe, las AGC se encuentran en las 9 subregiones de Antioquia además de lograr efectivas alianzas a nivel nacional, abarcando 22 departamentos en cerca de 211 municipios. |
El
Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanista de Colombia
(AGC), es el grupo armado ilegal de mayor autoridad en Antioquia pues su poder
se extiende a 97 municipios del departamento. Le sigue la Oficina del Valle de
Aburrá (OVA) operando en 27; el Clan Isaza, en 14; los Pachelly, en 11; ACN, en
9; los Chatas y Los Trina en 11; Nueva Generación, en 4; La Mano que Limpia, en
3; los Rastrojos y las Águilas Negras, cada uno en dos municipios.
Ese es el balnace que arroja el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en
Antioquia", presentado esta semana, que señala que aun
existen 35 grupos llamados “Convivir” en Medellín y que el departamento
sigue siendo territorio en disputa de los Grupos Armados Organizados (GAO) dado
el carácter estratégico a
nivel geográfico, político y económico que tiene la región para las actividades
ilegales de estas estructuras herederas del paramilitarismo.
La
investigación duró dos años (enero de 2016 a octubre de 2017) y fue realizada por
la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA),
la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Sumapaz y la Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Nodo Antioquia.
El
informe centra su análisis alrededor de tres ejes: “la presencia de los grupos
paramilitares que operan en los territorios; dinámicas económicas,
principalmente ilegales y dinámicas socioterritoriales que muestran el control
sobre la población; y las agresiones, específicamente homicidios y amenazas,
contra la labor de los líderes, las lideresas, los defensores y las defensoras
de derechos humanos”.
El documento explica la capacidad operativa y la casi
omnipresencia en el departamento de los ahora llamados GAO, otrora Bacrim,
enfocando el análisis de cuatro subregiones donde
los efectos de la presencia paramilitar son más preocupantes: El
norte y nordeste antioqueño, el Urabá y el Valle de Aburrá.
Además
afirma cómo, aunque estas estructuras delincuenciales siguen causando terror
mediante las amenazas y los homicidios contra líderes y defensores de derechos
humanos, han sofisticado su proceder para operar con mayor efectividad gracias
a presuntas alianzas con “agentes estatales, instituciones públicas y
empresarios, entre otros”.
El
carácter descentralizado y multipolar de estas organizaciones hace que sean más
efectivas en su accionar delincuencial que incluye, entre otras, la minería
ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y hasta el tráfico de
armas.
Las AGC, el grupo de mayor
presencia
A
pesar de la presencia de distintos grupos paramilitares en la región, las
Autodefensas Gaitanista de Colombia (AGC) son los de mayor capacidad dada su
propagación casi a nivel nacional y transnacional, asegura el mismo informe.
Las
AGC se encuentran en las 9 subregiones de Antioquia además de lograr efectivas
alianzas a nivel nacional, abarcando 22 departamentos en cerca de 211
municipios. Y aunque las cifras pueden variar, el informe asegura que el
también llamado Clan del Golfo cuenta con al menos 4 mil integrantes difundidos
por todo el territorio nacional.
Su
poder en Antioquia se concentra sobretodo en el Urabá y en el Occidente
del departamento, en otras subregiones “genera alianzas con grupos de menor
escala”, afirman los resultados de la investigación.
El
documento además ratifica el carácter transnacional del negocio del
narcotráfico, pues “se ha reportado la presencia de carteles mexicanos (Sinaloa
y Zetas) en el Bajo Cauca y Urabá”.
Los
investigadores identificaron la manera como también este Clan comparte
territorio con la Oficina del Valle de Aburrá (OVA) en el suroeste, el oriente
y el Valle de Aburrá, coordinándose a la vez con estructuras “de carácter
barrial o municipal”.
Muchos
de estos “combos” que operan en Medellín están al mando tanto de la OVA como
del Clan del Golfo, estos último además, dice la investigación, cuentan con
alrededor de 13 mil integrantes.
El
crecimiento y presencia latente de estas estructuras ilegales contrasta con las
múltiples operaciones que la fuerza pública ha hecho en el país. Sobretodo las
operaciones de la Policía y el Ejército Nacional que gracias a la misión de la
Fuerza de Tarea Conjunta Agamenón dispuso de tres mil efectivos adicionales a
los ya 23 mil que hacen presencia en el departamento.
Esto
quiere decir que pese a que en 2016 se realizaron 99 operaciones contra estas
organizaciones, que han dado con la captura de 339 personas el año pasado y 255
en lo que va del 2017, según cifras del Departamento de Policía de Antioquia,
la solución no parece recaer solo en el aumento de policías y militares u
operaciones, sino en identificar y atacar las relaciones que parecen existir
entre “los miembros de la fuerza pública y otras instituciones estatales con
estas estructurales paramilitares”, asegura el informe.
Esto
dado, como llama la atención esta investigación, la manera como se han
confederado poderes alrededor de alianzas urbano rurales, que sería el proceder
de algunas organizaciones alrededor de la capital del departamento, como la
Oficina del Valle de Aburrá (OVA), heredera de la extinta e infame Oficina de
Envigado, no solo para extender su poder más allá de un municipio o subregión,
sino asegurar su autoridad.
El
Gobierno nacional en varias ocasiones ha afirmado que el fin principal de estas
estructuras es el económico alrededor del negocio del narcotráfico. Sin
embargo, en este documento se asegura que esta explicación reduccionista ignora
“la relación entre estas estructuras y la imposición del modelo económico
extractivista, la preservación de los poderes locales, regionales y nacional,
el control de la vida civil y las agresiones contra los defensores de derechos
humanos y organizaciones sociales”.
Esto
quiere decir que la derrota de los GAO deja de estar enmarcada exclusivamente
en una agotada guerra contra las drogas y pasa a ser, primordialmente, la
defensa y seguridad de los derechos humanos de los líderes y pobladores para
generar un ambiente óptimo para la democracia, autonomía y gobernanza de las
comunidades, a lo que se suma la reincorporación a la vida civil de ex
combatientes de las Farc-EP, ubicados en tres de las cuatro subregiones del
departamento.
El conflicto por el oro en
el Nordeste antioqueño
Esta región históricamente conocida por su potencial de explotación minera de oro (especialmente en Remedios y Segovia), madera, caña de azúcar y ganadería, ha generado múltiples conflictos entre empresas multinacionales, los pobladores (especialmente los mineros artesanales y campesinos) y el control social y económico que ejercen distintos grupos armados.
A
estos se suma la frágil situación de seguridad en las regiones alrededor de la
Zona Veredal de Transición y Normalización ubicada en la vereda Carrizal, que
aglutina a más de 200 ex combatientes de las Farc que pertenecían a los frentes
4, 24, 35 y 37, y el Punto Transitorio de Normalización, en la vereda la
Plancha, con algo más de 150 ex guerrilleros del Frente 36, donde además se
identifica la presencia del Clan del Golfo.
La
disputa territorial de antiguas zonas ocupadas por las Farc y el crecimiento de
estos grupos narcoparamilitares ha puesto en riesgo a la población de los
municipios ubicados en este costado oriental de la cordillera central.
Prueba
de ello, asegura el informe, son las amenazas y denuncias que han hecho las
organizaciones de víctimas, derechos humanos, campesinas y mineras de la zona y
que la Defensoría del Pueblo ha recogido en varios informes alertando sobre los
riesgos que las dinámicas del control por el territorio ejercen sobre los
pobladores y líderes sociales.
Las
AGC son las de mayor presencia, sobretodo identificados en los municipios de
Remedios, Segovia, Anorí, Amalfi, Cisneros, Yolombó, Santo domingo y San Roque,
concentrándose en zonas de producción minera, donde además, según el documento,
ejercen actividades de extorsión y microtráfico.
Ese
grupo se ha afianzado el control de las zonas dejadas por las Farc, y pese a
que cada una de las 10 cabeceras municipales cuentan con una estación de
policía, esta expansión narcoparamilitar “no ha sido detenido por la fuerza
pública”, asegura el informe.
Urabá, la puerta
geoestratégica del tránsito narcoparamilitar
El
Urabá antioqueño es la región de conexión marítima del departamento con el
comercio exterior. Esto ha llevado a que varios actores armados se disputen el
control de esta zona generando sistemáticas y crónicas violaciones a los
derechos humanos expresadas en numerosos episodios de desplazamientos, masacres
y persecución a líderes y organizaciones sociales.
Entre
2016 y 2017 “se han reportado: 4 asesinatos de líderes, 23 amenazas
individuales y 12 colectivas”, asegura la investigación.
Además,
según la Defensoría del Pueblo en dos informes de riesgo del 2016 y 2017, se registraron
“incursiones armadas en el corregimiento San José de Apartadó” y la permanencia
de un “férreo control en cabeceras municipales” por parte de las AGC, en
veredas como Rodoxalí, Playa Larga, La Hoz, La Esperanza, El Porvenir y
Mulatos, pese a que en estos lugares se encuentran brigadas (la XVII) y
unidades móviles (la 11 y 24) del ejército, además de efectivos adicionales de
la afamada operación Agamenón.
Megaproyectos energéticos y
violación a los derechos humanos en el Norte
La
región del norte antioqueño es conocida por su enorme potencial de explotación
minera y ganadera, además de contar con ríos “represables” que han generado
megaproyectos de infraestructura energética.
Esto,
según el informe, ha hecho que se construyan megaproyectos sin el consentimiento
total de los pobladores, generando un fenómeno de concentración de tierras y
desplazamientos, produciendo las tasas de mayor desplazamiento de los últimos
años, solo superado por las cifras de desplazados del Bajo Cauca antioqueño,
según cifras del 2016-2017 de la Unidad de Victimas.
El
informe afirma también que el Parque Nacional del Nudo del Paramillo, ubicado
en esta zona, acumula extensos cultivos de coca otrora dominados por las Farc y
ahora disputados por diversos actores armados, en especial las AGC, que hacen
presencia en 16 de los 17 municipios de esta subregión.
Estos
últimos, además, aprovechan el corredor que es la zona para el tránsito y la
comercialización de toda la encomia alrededor del narcotráfico dada su conexión
con el departamento del Córdoba y el Urabá.
El
problema se agrava en una región habitada por cerca de 263.742 personas y donde
se han inscrito 123.317 como víctimas del conflicto. Esto es, cerca de 50% de
sus habitantes sufren de los embates de esta nueva fase de la guerra, según
cifras del DANE y el Registro Único de Víctimas (RUV), donde además se han
asesinado a 3 ex combatientes de las Farc de la zona verdal cerca a Ituango.
Esta
región también preocupa por la expansión de otros GAO que ahora tiene presencia
en zonas rurales, como los Pachelly. Y donde las amenazas contra líderes, que
denuncian las conexiones entre autoridades públicas y estas estructuras
narcoparamilitares, han aumentado en los últimos dos años.
El Valle de Aburrá, el
centro confederado de las GAOEsta
subregión es la segunda con mayor densidad poblacional del país, conformada por
Medellín y su área metropolitana. Según la cartografía hecha por el estudio,
aquí operan conjuntamente, con menor disputa territorial, las AGC, la Oficina
del Valle de Aburrá (OVA), los Pachelly, los Chatas y los Triana, estos tres
últimos con mayor presencia en Bello, Medellín, el Norte y el Bajo Cauca.
En
total, el documento identificó 350 estructuras que operan en esta zona, donde
el 85% se encuentran al mando de la OVA, estructura con mayor poder en esta
subregión. Quienes además han consolidado un poder confederado con otras GAO.
Esto
explicaría la autoridad que han tenido para influenciar en las esferas públicas
del área metropolitana, como el caso del ex secretario del Gobierno de
Medellín, Gustavo Villegas, detenido a mediados de este año por la relación que
14 pruebas de la Fiscalía le comprobaron con esta organización.
Se
sabe, dice la investigación, de un abierto patrullaje de integrantes de la AGC
en varias comunas y corregimientos de Medellín, como en Altavista y las comunas
6, 8, 9 y 13 donde, según el informe, operan cerca de 200 hombres de esta
organización.
También
la preocupante presencia de una treintena de grupos privados denominados
“CONVIVIR” en varias zonas del centro de Medellín con cerca de 350 integrantes.
Esto se ha traducido en las crecientes cifras de homicidios, desplazamiento
forzados urbanos, desapariciones forzadas, amenazas y actividades de
microtráfico y extorsión que han vuelto a crecer en al ciudad.
[con información de el Espectador]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario