“En
1949 el oro, en el Bajo Cauca antioqueño, parecía hierba. Miles de personas
sacaron oro y no había quién comprara tanto. Los maestros, albañiles,
vendedores de paletas, carpinteros, almacenistas, vaqueros, cantineros,
negociantes y pescadores han dejado sus oficios en el Bajo Cauca para meterse a
‘miniar’. El aumento de los precios del oro, desatado a finales de 1979 han
hecho crecer muchos caseríos que se han visto invadidos por una nueva oleada de
mineros de todas partes. Los colonos que antes sembraban maíz, arroz, después
de tantos años de abandono, resolvieron aprender a sacar oro”, escribía el
periodista Juan José Hoyos en 1980.
Hoy
el periodista tendría que escribir sobre las nuevas dinámicas de la minería y
volver al Bajo Cauca para ver la devastación, la descomposición social, la
persecución que el Gobierno y las empresas multinacionales han emprendido
contra ese minero que vio brotar oro y al que nunca le dieron la tierra porque
ahí estaba la riqueza.
Y
una de las principales banderas de este gobierno es que hay que darle paso a la
locomotora minera porque las regalías servirán para el posconflicto. “Es un
discurso extorsionista: si no nos compran carbón, no hay paz. Este es un país
quebrado. El Gobierno distorsiona la realidad. Hay que meterle a la locomotora
porque aporta a la economía: mentira. En el 2015 los hidrocarburos aportaron
80% en las regalías mientras la minería aportó 20%”, agrega Luis Álvaro Pardo.
Mientras
otros países buscan estrategias para mejorar la vida en el planeta, Colombia
continúa en su plan consumista y depredador de las reservas forestales. El Bajo
Cauca antioqueño ya está casi todo explotado con minería a cielo abierto. Allí
las empresas multinacionales ejercen control del territorio, no las
instituciones y a los pequeños mineros ya no les pagan por producción, sino por
salario, es decir, una nueva esclavitud.
Minería en el Bajo Cauca. Foto: Bibiana Ramírez – APR. |
El proyecto minero La
Colosa, en el Tolima, “acabaría con la despensa agrícola que es Cajamarca, se
traslapa con ecosistemas de alta montaña, genera conflictos socioambientales y
hay descomposición del tejido social. El 85% de la cuenca del río Coello está
concesionada. Después de sufrir desplazamientos y masacres por el conflicto,
llegó la minería también a desplazar”, dice Robinson Mejía, líder de Cajamarca.
En Girardota
(Antioquia), Enka de Colombia instaló hace un par de años una termoeléctrica a
carbón, cuando la industria ya la califica como obsoleta. Esta ha aportado a la
contaminación que prende las alarmas en Medellín. En el oriente antioqueño hay
proyectadas 50 hidroeléctricas. En el 2018 inundan Hidroituango. Y así, en casi
todo el país se implementa un desarrollo que va en contravía de la vida humana,
animal y vegetal.
“Estamos siendo
desplazados a nombre del desarrollo. Lo de la minería bien hecha es una
ideología, no tiene ningún contexto”, dice Jairo Castrillón, líder del
municipio de San Roque, en Antioquia.
San Roque
Rosa Elena Monsalve es
coordinadora de la mesa municipal de la asociación de víctimas y comité de
derechos humanos del corregimiento de Providencia, en San Roque. Llegó hace
poco a este corregimiento con la intención de ayudar a organizar esa comunidad
de dos mil habitantes que están en riesgo permanente por Gramalote, una filial
de la Anglogold Ashanti.
“San Roque y sobre
todo Providencia fueron muy aporreados por el conflicto armado y ahora
nuevamente son víctimas, ahora por el Gobierno que los criminaliza por ser
mineros”.
Cuenta Rosa Elena que
Gramalote hace desplazar a la gente voluntariamente porque vivir allí se vuelve
costoso con la llegada de foráneos a trabajar en la mina. “Fuera de eso están
cerrando las minas y entables, y quedan las familias sin con qué alimentarse”.
Ella recuerda que en
julio, cuando los niños entraron de vacaciones a la escuela, muchos fueron sin
desayunar. “El Gobierno, por un acto administrativo, hizo levantar unos
entables y no hubo donde lavar el oro. La gente no tenía con qué comer. ¿Eso es
construir paz? Es algo complejo y absurdo”.
Recuperar el Estado
Robinson Mejía cuenta
que en Cajamarca hacen el festival del carrao, “carros que adornamos con lo que
produce la tierra, fomentando identidad”. En el 2011 realizaron la primera
marcha carnaval con doce mil personas, a la segunda llegaron treinta mil, este
año en la novena participaron 120 mil y para el 2018 esperan que 125 municipios
completos asistan. “Resistir es una fiesta, defender la vida es una fiesta”.
Luis Álvaro Pardo dice
que es necesario recuperar el Estado para los colombianos. “Unas políticas
enfocadas al interés general, un nuevo código minero desde las comunidades. No
subsidiemos más las empresas multinacionales”.
Rosa
Elena, con el apoyo de organizaciones sociales, quiere crear una mesa minera en
San Roque “En esa mesa queremos hacer la propuesta de la defensa del
territorio. Providencia va a ser un epicentro de minería a cielo abierto y van
a desaparecer las montañas. Es un pulmón que vamos a dejar desaparecer si no nos podemos las pilas”.
[con informacion de prensa agencia rural]
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