La paz de Antioquia pasa por el bajo cauca

Los problemas para formalizar a los mineros artesanales, muchas veces asediados por las bandas criminales, y las dificultades para empezar la sustitución de cultivos, son dos puntos cruciales en la subregión. La Gobernación de Antioquia implementará planes el próximo año.

El 63% de toda la coca en Antioquia se encuentra en el bajo cauca Foto: Pablo Monsalve/ semana 

Desde los tiempos del Cartel de Medellín, el bajo cauca antioqueño ha sido una de las zonas estratégicas para el narcotráfico. La cercanía con Urabá y Córdoba, además de estar a los pies del Nudo de Paramillo, ha permitido a los capos de la droga sacar la mata de coca del campo, pasarla fácilmente al laboratorio, transformarla en pasta base y llevarla directamente al mar. No es gratuito que en los dos últimos años Antioquia haya llegado a 8.855 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que representa el 28 por ciento de toda la coca del país. El asunto es que de toda esa coca sembrada en terreno paísa, el 63 por ciento está en Tarazá, Valdivia, Cáceres, Briceño, El Bagre y Nechí.

Además de la cocaína está la minería, que representa el 85 por ciento de la economía y no se escapa de un debate que lleva años. Los mineros tradicionales no logran legalizarse por trabas burocráticas y para ellos la explicación es obvia: el 90 por ciento de la tierra de la subregión está titulada multinacionales. El 57 por ciento de todo el oro que produce Antioquia está en esta tierra que, tantas veces, ha sido feudo de forajidos que han impuesto su propia ley y desde donde se ha expandido la violencia a otros sectores. En todo el bajo cauca se desmovilizaron 4.792 paramilitares, muchos de ellos adiestradores en otras regiones adonde llegó el brazo armado de las Autodefensas Unidas de Colobia (AUC).

Enetre la coca y el oro se encuentran los grupos criminales que hasta la desmovilización de las Farc se debatían en una guerra que dejó varios muertos y más de 400 desplazados en corregimientos como Puerto Claver (El Bagre) y La Caucana (Tarazá). Sin embargo, desde hace un año, la situación se ha calmado un poco. De 147 homicidios en 2016 se pasó a 120 en 2017, en buena parte por una hegemonía criminal del Clan del Golfo que finalmente se impuso a los hombres del ELN que se replegaron a zonas del Sur de Bolívar, su retaguardia histórica. Ahora uno de los capos que busca la Policía hasta debajo de las piedras es Robinson Gil Tapia, conocido con el alias de Flechas, quien tiene orden de captura por concierto para delinquir con fines de homicidio y a quien señalan de ser el máximo cabecilla del Clan.

Pese a las grandes ganancias del oro y a lo que se creería que podía representar la venta de hoja de coca, el Anuario Estadístico de Antioquia para 2016, recién publicado por la Gobernación de Antioquia, la proporción de personas en pobreza en el bajo cauca es del 58,96 por ciento y están en la miseria del 30,32 por ciento. En palabras del Informe de Derechos Humanos 2015 del Instituto Popular de Capacitación (IPC): “El bajo cauca es la subregión con el menor índice multidimensional de calidad de vida (IMCV), las tasas más altas de homicidios y una de las que han soportado en los últimos los más altos niveles de desplazamiento forzado (… y) altos índices de despojo de tierra”Nadie parece saber qué hacer con una región de la que depende la paz de Antioquia, y de buena parte del país. Hace unas semanas el gobernador Luis Pérez Gutiérrez lanzó la estrategia ‘Antioquia libre de coca‘, un programa que contempla la inversión de más de 500 mil millones de pesos de los que ya hay actas de inicio de obras por más de 124 mil millones de pesos. Según la misma Gobernación, el dinero se invertirán en “convenios que incluyen la construcción de una vía que comunique al corregimiento El Aro de Ituango con el resto del territorio, pavimentación de una vía entre El Bagre y Zaragoza, apoyo a las autoridades en la erradicación de los cultivos ilícitos, constitución de una empresa comercializadora que compre a los campesinos sus productos lícitos en su propias parcelas y otra serie de inversiones socio económicas que harán posible esta estrategia”.

De la mano de esta estrategia, está la erradicación manual por parte de 1.200 policías que en 2017 erradicaron más de 5.000 hectáreas, lo que no tiene muy contentos a algunos campesinos, que esperan el cumplimiento del punto cuatro del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno: que se estimule la sustitución de cultivos, que no se obligue a la erradicación. “Pero aquí lo único que hemos visto es una seguidilla de incumplimiento”, dijo un campesino a SEMANA.

Todos estos campesinos ahora hacen parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y tienen como meta que de verdad empiece una sustitución de cultivos y, sobre todo, titulación de las tierras en las que han estado durante décadas.  Según Rodrigo Osorno, investigador del IPC que ha seguido de cerca el tema, “en la Caucana, corregimiento de Tarazá, ha habido acuerdos para erradicar cultivos y a algunos campesinos ya les están dando un millón de pesos al mes, pero los proyectos productivos no terminan de caminar y no les están cumpliendo con la titulación de predios. La propuesta del gobierno para erradicar 50 mil hectáreas vía sustitución y 57 mil por erradicación voluntaria, pero sólo se ha cumplido el 4 por ciento de la meta. Mucho incumplimiento del Gobierno y también hay mucha presión de los actores ilegales”.

Para Soledad Betancur, también investigadora del IPC, muchos de estos predios en los que han habitado los campesinos no se les pueden titular porque ya están titulados a multinacionales , y cita un estudio entregado por la Defensoría del Pueblo en 2011 donde, después de un censo, se encontró que el 100 por ciento de los mineros informales se querían formalizar, pero el 85 por ciento de las solicitudes eran rechazadas porque las tierras ya estaban tituladas a empresas, “eso sucede en una región donde el 90 por ciento del territorio están licenciado o en proceso. Además, estos mineros han sido marcados como criminales, y eso no es cierto, son mineros que han pedido seguridad desde hace muchos años, pero criminalizarlos ha sido un discurso que le ha resultado muy bien a la hora de sacarlos del territorio”.

El reconocimiento del campesino, de sus oficios ancestrales y de la tierra ocupada por décadas parece ser la única salida para una región de la que depende la paz de todo un departamento. La paz de Antioquia pasa por el bajo cauca. 

Con informacion de Semana