La
Agencia Nacional de Tierras ha formalizado la propiedad sobre 1,4 millones de
hectáreas.
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| La meta, al final de este gobierno, es tener formalizadas más de 2 millones de hectáreas. Foto: El Tiempo |
De
las 180.000 solicitudes de adjudicación de tierras que el liquidado Incoder
mantuvo engavetadas por años, la Agencia Nacional de Tierras logró evacuar,
en 18 meses, 32.000.
Esos resultados son los que explican en buena medida por qué en el mismo lapso,
según un informe conocido por EL TIEMPO, la Nación tituló 21.500
baldíos al mismo número de familias campesinas, la cuales hoy son dueñas, con
papeles en mano, de 861.000 hectáreas.
A
la fecha, en una estrategia que avanza de la mano con el acuerdo de paz con
las Farc,
pero que es independiente de ese proceso, la Agencia ha formalizado la
propiedad sobre 1,4 millones de hectáreas. A las 861.000 hectáreas de
baldíos se suman otras 605.000, que corresponden a procesos de constitución o
ampliación de resguardos indígenas y tierras de comunidades afro en
todas las regiones del país.
En ocho meses largos, cuando termine el gobierno Santos,
la meta es que estén formalizadas 2’115.000 hectáreas, si bien el acuerdo de
paz estableció una meta de siete millones para los próximos 15 años. La
tierra ya formalizada equivale a unas diez veces el área urbana y rural de
Bogotá.
El Fondo de Tierras, que también hace parte del acuerdo de paz y debe proveer
siete millones de hectáreas para familias que no la tengan, tiene ya 138.000
hectáreas adquiridas a través de diferentes vías. A ese fondo entrarán
antes de que termine el gobierno las 932.000 hectáreas que la justicia les ha
quitado a las Farc.
De estas, 400.000 están en la región del sur de Bolívar (donde no se conocía
que esa guerrilla hubiera amasado tal fortuna) y el resto, en Caquetá, Meta y
Putumayo. El inventario crecerá también porque la Fiscalía tiene
detectadas miles de propiedades que las Farc no han entregado aún para la
reparación de sus víctimas.
“El impacto de este programa es clave, como que equivale a lograr que la paz
ahora sí tenga bases sólidas en las regiones –dice Miguel Samper, director de
la Agencia de Tierras– (...). Sin la formalización de la propiedad no habrá
desarrollo en las regiones y tampoco la posibilidad de que la inversión privada
llegue con seguridad jurídica hasta donde antes no podía hacerlo”.
El viernes pasado, la Agencia Nacional de Tierras entregó títulos de propiedad
a 80 familias de Caucasia, en el bajo Cauca antioqueño, que antes cultivaban
coca, y llevan ya varios años con los programas de sustitución de
cultivos. En ese municipio hay otras 1.023 familias que esperan dar el
mismo paso, de un total de 7.300 en todo el país que aspiran a
legalizar la propiedad sobre los terrenos que alguna vez fueron narcocultivos.
Varias de las familias que recibieron títulos de propiedad en el bajo Cauca son
parte de cabildos zenúes que también le han apostado a la sustitución.
El Gobierno, según dijo Samper, espera que antes de fin de año termine el
proceso de socialización para la expedición de la ley de tierras, cuyo trámite
se dejará para el año entrante, cuando se reinicie la legislatura.
El director de la ANT garantizó que ninguna de las disposiciones irá en
detrimento de la propiedad privada sobre la tierra, como lo han señalado
algunos sectores críticos del acuerdo de paz. “Se acusó a la Agencia de Tierras
de que iba a generar inseguridad jurídica y que iba a acabar con la propiedad
privada; por el contrario, los resultados lo que demuestran es que la
propiedad privada se masificó”, dice Samper.
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