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| Antioquia es uno de los lugares donde mejor ha funcionado la “Bacrim” judicial, a través del cuestionado congresista Julián Bedoya. |
Los irreverentes
Algunos investigadores judiciales y organismos de control, están llegando a la conclusión de que la red de corrupción que en LOS IRREVERENTES hemos llamado “bacrim de la justicia”, tiene tentáculos en todos los departamentos. Ya se investiga el caso de Antioquia. Los magistrados corruptos, comandados por el ex presidente de la Corte, Bustos, ejercen una influencia muy marcada allí a través de algún ex colega de la Corte Suprema y, sobre todo, de fichas que infiltraron en la Fiscalía desde los tiempos de Mario Iguarán y que después reforzaron infinitamente en la fiscalía del dúo nefando, Montealegre/Perdomo.
Algunos investigadores judiciales y organismos de control, están llegando a la conclusión de que la red de corrupción que en LOS IRREVERENTES hemos llamado “bacrim de la justicia”, tiene tentáculos en todos los departamentos. Ya se investiga el caso de Antioquia. Los magistrados corruptos, comandados por el ex presidente de la Corte, Bustos, ejercen una influencia muy marcada allí a través de algún ex colega de la Corte Suprema y, sobre todo, de fichas que infiltraron en la Fiscalía desde los tiempos de Mario Iguarán y que después reforzaron infinitamente en la fiscalía del dúo nefando, Montealegre/Perdomo.
La “bacrim de la justicia” trafica con todo: vende
absoluciones de culpables, ralentiza procesos, congela órdenes de captura…
Pero, además, abre investigaciones a inocentes, chantajea con testigos falsos y
hace una serie de etcéteras que incluye la comisión de decenas de delitos. El
caso del magistrado Malo, ha sacado a la luz la existencia de un insólito
mercado de cargos en la justicia, muy parecido al tráfico de personas, del que
devengan el 20% del total del ingreso del funcionario que incorporaban
(incorporan) a la rama judicial como una especie de esclavos personales.
Con tentáculos en todas las entidades
Los miembros de la “bacrim de la justicia”
controlan cargos en Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Auditoria con varios
propósitos: 1. lucro personal, particularmente nepotista (Bustos, baste ese
ejemplo, tiene a la ex mujer y a la actual esposa en altos cargos en la
Procuraduría; a dos cuñados en la Fiscalía y él mismo es contratista de la
Auditoría) o para recibir porcentaje de los ingresos del funcionario; 2. tener
operadores directos que faciliten sus negocios y permitan ampliar su clientela
(jueces, fiscales, procuradores, contralores que reciben órdenes directas de la
“bacrim”; tal es el caso del ex fiscal anticorrupción Moreno); 3. ampliar la
red de poder político, ayudando a sus socios del congreso con las absoluciones
y chantajes; 4. Tener votos para controlar las múltiples elecciones que hace la
rama judicial por mandato de la constitución de 1991.
El caso antioqueño
La investigación sobre los operadores de la “bacrim
judicial” en Antioquia tiene tres aristas:
La Fiscalía Montealegre/Perdomo politizó la oficina
regional. Una de las directoras en el departamento, recientemente trasladada a
Bogotá, es ficha activa de un grupo político que controla, desde Itagüí, las
administraciones de los municipios del sur del Valle de Aburrá. En Antioquia se
rumora que la fiscalía Montealegre/Perdomo tuvo estrechos vínculos con el
crimen organizado. El alcalde de Medellín y su Secretario de Seguridad, Gustavo
Villegas, están siendo hostigados por ese organismo en forma inclemente. LOS
IRREVERENTES pudieron confirmar que en el marco de la guerra de la fiscalía
contra el alcalde Federico Gutiérrez, se solicitó a un juez de garantías la
autorización de expedición de orden de captura contra el burgomaestre. El juez
no permitió que fuera expedida y, al contrario,
puso en alerta a varios organismos sobre las
maniobras. La sociedad antioqueña ha cerrado filas para defender al Secretario
de Seguridad, Gustavo Villegas, quien aún permanece confinado en una celda de
la cárcel de Yarumito, en Itaguí. Aldo Cívico, reconocido analista de temas de
seguridad, denunció los hechos en su columna “¿Fue una Trampa?”.
La ex Auditora General, Laura Marulanda, es otra de
las fichas antioqueñas de la “bacrim de la justicia” que se creó durante la
hegemonía Montealegre/Perdomo. La Auditoria es uno de los “feudos podridos” de
la politiquería judicial creados por la Constitución de 1991. A su elección
concurren nada menos que la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En 2013, la
banda de Montealegre y Bustos, presidente de la Corte Suprema, pusieron como
auditora a ese personaje, menos que gris, fatuo, con la orden explícita de
acompañar a Montealegre/Perdomo en la persecución a la contralor Morelli. La
señora Marulanda cumplió la tarea con tal entusiasmo y exageración que los
medios de comunicación y la academia se volvieron contra ella. Nadie cree hoy
que Sandra Morelli sea la delincuente que intentó describir la auditora
Marulanda. Al contrario, un episodio parroquial de Antioquia develó el carácter
y la personalidad de esta integrante paisa de la “bacrim de la justicia”. La
fiscalía de Néstor Humberto Martínez ordenó la captura de varios miembros del
“cartel de las cirugías plásticas”, integrado, entre otros, por la ex auditora,
varios de sus parientes y, ¡atención!, por el Contralor Departamental de
Antioquia, Sergio Zuluaga.
La ficha del cuestionado Julián Bedoya
Sergio Zuluaga es el eslabón entre la segunda línea
de investigación y la tercera sobre la “bacrim judicial” en Antioquia: el
Representante a la Cámara antioqueño, Julián Bedoya, miembro de la Comisión de
Acusación. Martha Cristina Pineda, actual esposa del ex magistrado Bustos,
tristemente célebre porque repartía tarjetas de presentación con el ridículo
título de “primera dama de la justicia”, fue ternada por Juan Manuel Santos
para ser elegida por el congreso como magistrada de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial. El hecho puso al descubierto la estrechísima relación
personal entre el representante Bedoya, el ex magistrado Bustos y los demás
miembros de la “bacrim judicial”, porque Bedoya se puso al frente de la campaña
para la elección de la “ex primera dama de la justicia”. LOS IRREVERENTES
tienen confirmación de que en la oficina de Bedoya en el congreso, en el Club
de Banqueros y en la casa de Bustos se celebraron varias cenas y reuniones para
planificar la campaña electoral de Pineda. El Contralor de Antioquia viajó a
Bogotá –con viáticos oficiales- para apoyar la causa. Asistió también el
ministro Cristo, jefe político del representante Bedoya y, obviamente,
estuvieron los jefes de la “bacrim judicial”, los ex magistrados Bustos y
Ricaurte.
El activismo de Bedoya en la campaña de la esposa
del ex magistrado Bustos, lo pone en la mira de los investigadores. En
Antioquia era objeto de rumores y comentarios la meteórica carrera de Bedoya,
quien ganó cierta notoriedad como representante acusador en el proceso contra
el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.
Los analistas políticos no entendían cómo a un ex
estudiante de primer semestre de derecho y con oscuros antecedentes
disciplinarios en la Policía, cuerpo en el que sirvió durante unos pocos meses,
se le había encomendado semejante responsabilidad. Todo indica que Bedoya,
igual que la ex auditora Marulanda, es un simple comodín de Montealegre y
Bustos, quienes ubicaron en la Comisión de Acusación a fichas como el
secretario Duque, el representante Bedoya, el ex fiscal Moreno y el abogado
Pinilla, entre otros, todos hoy en la mira de las autoridades.
El crecimiento electoral “atípico” de Bedoya y su
encumbramiento a la jefatura liberal de Antioquia, podría estar fundado en las
maniobras de sus amigos de la “bacrim de la justicia”. Un diputado liberal,
Rubén Callejas, cuando anunció su apoyo a la aspiración al senado de Bedoya, lo
justificó diciendo que el representante es el político antioqueño “con más
poder en Bogotá”. En los pasillos de la asamblea departamental de Antioquia se
comenta que uno de los nuevos “servicios” que se está ofreciendo a quienes
apoyen ciertas candidaturas al senado es garantizar que se dicten autos y
sentencias que favorezcan los intereses de la clientela política,
principalmente de diputados y concejales en problemas.
El caso antioqueño sacó a la luz un hecho
impensado: que la “bacrim judicial” no sólo va por el poder judicial sino que
quiere todo el poder. Como ya había ocurrido con el Cartel de Cali en los
noventa y como lo intentarán también las FARC.
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